“No toleramos la patoteada”
Eduardo Sylvester, ministro de Seguridad, aseguró que el accionar policial ayer en el IPV fue en uso de sus facultades frente a un delito extorsivo. Nadie habla de los 8 policías heridos por la Tupac.
Sylvester dijo que el delito cometido por el grupo Tupac Amaru es el de “extorsión” ya que ingresaron a las oficinas de a uno y luego subieron todos al primer piso y comenzaron a solicitar una audiencia, la cual fue concedida. El titular referente del IPV Fernando Alesanco los recibió y les explicó cómo eran los pasos y requisitos para acceder a una vivienda.
Molestos por la respuesta comenzaron a manifestarse dentro del organismo y fue ahí que se solicitó la presencia policial, que no hizo más que despejar el lugar.
El ministro dijo por el hecho hay 8 policías heridos, pero nadie habla de ello. En tanto, los integrantes de la Tupac Amaru que habían sido detenidos, 7 en total, prestaron declaración y fueron liberados en la madrugada de hoy.
El funcionario sostuvo que en Salta las patoteada no va: “El método de la presión para conseguir ciertas prerrogativas no nos gustan ni la vamos a permitir. No es contra nadie. No trabajamos sobre la lógica extorsiva ni los mecanismos de presión”.
Detenidos libres pero con restricciones
El juez de Garantías 5 en feria, Héctor Martínez, dispuso ayer la libertad de las siete personas detenidas como consecuencia de los incidentes que protagonizaron en el Instituto Provincial de la Vivienda. En la causa iniciada por el Fiscal Penal 2 por el delito de “lesiones, resistencia a la autoridad y daños calificados”, el juez tomó intervención para realizar el control de legalidad pertinente tras las detenciones en los términos del artículo 380 del Código Procesal Penal. Como consecuencia del pedido formulado tanto por fiscalía como por la defensa técnica, el juez dispuso la libertad ordenando medidas sustitutivas.
Estas medidas sustitutivas, en los términos de lo ordenado por el artículo 382 del mismo Código Procesal Penal, son las siguientes: durante el término de tres meses, las siete personas deberán presentarse periódicamente en la dependencia policial más próxima a su domicilio para informar domicilio y, durante el plazo de 30 días, no podrán concurrir a las dependencias del Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, esto último con la salvedad de que necesitaran hacerlo por trámites particulares, y en tal caso deberán solicitar la autorización correspondiente.
Las siete personas recuperaron la libertad por orden del juez una vez que fueron notificadas de las medidas sustitutivas dispuestas y se les explicó las consecuencias de no cumplir con ellas.
Fuente: FM 89,9 - Canal 10 Norte Visión