Romero debe declarar en causas que sumarían 50 años de cárcel

Tal como lo resolvió la Corte de Justicia, Juan Carlos Romero Romero, debe ser indagado en tres causas penales. Sin embargo, y siguiendo el criterio establecido por el alto tribunal, el ex gobernador también deberá declarar por las otras cuatro causas penales en su contra, todas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado provincial.

Romero enfrenta acusaciones penales por delitos de peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público, uso de información reservada, negocios incompatibles con la función pública, defraudación hasta asociación ilícita, hecho por los cuales podría recibir una pena total que asciende a los 50 años de cárcel.

Entre las causas en contra de Romero se encuentra la investigación iniciada por la compra de 90 hectáreas de La Ciénaga por parte del gobierno de Romero para ser destinadas a la construcción de viviendas, terreno que luego de un pasamano inmobiliario terminó en manos de Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.

La acumulación de causas penales sin resolución dieron paso a lo que en la ley argentina se conoce como “concurso de delitos”; un tratamiento previsto por el Código Penal para los casos en que a una persona se le atribuyen varios hechos delictivos.

Según la ley penal argentina, en esos casos, la pena que debe afrontar el autor es la resultante de la sumatoria de los máximos de las escalas penales correspondientes a cada uno de los delitos imputados. Así, por ejemplo, en el caso del delito de peculado, se tomaría el máximo, que son 6 años de prisión o en el caso de “asociación ilícita”, se aplicaría una pena de 10 años, siguiendo así con el resto de los delitos.

50 años

Esta sumatoria dejaría a Romero frente a una pena cercana a los 50 años de prisión, suficiente razón para ampararse en sus fueros de senador. Por más de dos años, los distintos fiscales que promovieron acciones penales en contra del senador nacional trataron que el ex gobernador brinde alguna explicación de las acusaciones en su contra, en especial el enriquecimiento logrado.

Romero, sin embargo, nunca explicó nada y por el contrario apeló todas las resoluciones que podían llevarlo al banquillo de los acusados. Para ello, Romero se aferró a sus fueros y con esta “chicana” intentó que una norma inferior, como el artículo 185 del viejo código procesal penal, se imponga sobre una superior, como la Ley Nacional de Fueros, al 25.320.

Recientemente, la Corte de Justicia de Salta falló en su contra y dispuso que Romero sea indagado, instancia que podría dictarse después de la feria judicial. Eso, si es que Romero no vuelve a apelar o presentar algún otro recursos que demore dicho trámite.

La estrategia de Romero, hasta ahora, consistió en no dar ninguna explicación y mucho menos defenderse, sino dilatar el proceso judicial en su contra a fin de evitar un procesamiento e incluso una condena. Al respecto, fuentes judiciales, explicaron que la magnitud de la pena por los hechos que se atribuyen a un imputado no solo adquiere importancia cuando llega el momento de la sentencia, pues dado que la mayor parte de las causas no llegan a juicio, la verdadera importancia de la pena tiene que ver más precisamente con la posibilidad de aplicar medidas de detención o prisión preventiva.

En este caso, y en vista a lo reglado por la Ley Nacional de Fueros, Romero está obligado a declarar, caso contrario se podría pedir su desafuero. Cierto es que en este trámite, el ex gobernador podría abstenerse de declarar o hacerlo por escrito, sin embargo, esto no es lo que más preocupa al senador nacional.

Su mayor temor pasa por el hecho de que al prestarse a este trámite, las causas, primero, tomarían un ritmo mucho más ágil de que ha tenido hasta ahora y segundo, el ex gobernador tendría que dar explicaciones que en realidad podrían más que exculparlo, comprometerlo e incriminar a otros.

Fuente: Nuevo Diario de Salta