Entre gallo y medianoche, y “casi de prepo”, la intendenta de la ciudad de Salta, Bettina Romero, decidió como una de sus últimas medidas llevar adelante la instauración de las polémicas fotomultas, pese a que solo restan unos días para el cambio de gobierno en la municipalidad.

El controvertido contrato, que carece de cualquier tipo de consenso de la ciudadanía, generó serios cuestionamientos y dudas sobre la urgencia y las verdaderas motivaciones de tal medida en el tramo final de su gestión.

La implementación de cinemómetros y totems para sancionar a conductores en Capital fue advertida por los vecinos en distintos puntos de la ciudad, lo que encendió la luz de alerta en la nueva gestión municipal, a cargo de Emiliano Durand, quien en reiteradas oportunidades anticipó su negativa a continuar con el proceso.

Cabe destacar que la empresa a cargo de la instalación de las fotomultas es “DETECTRA”, cuyo propietario es Mariano García, hijo del dueño de la firma que se instaló previamente y cuyo convenio se cayó cuando el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante advirtieron que era una “contratación encubierta”.

Es preciso resaltar que el acuerdo no es menor en términos económicos, puesto que, entre los principales puntos del contrato, que prevé la implementación de 35 cámaras en la ciudad, se compromete el 45% de la recaudación neta mensual por todas las infracciones de tránsito.