Ahorcó a un gato, la vio un turista y la denunció: deberá tomar un curso y pagar un resarcimiento
El fiscal penal de Cachi, Daniel Alejandro Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal y luego de un acuerdo entre las partes, solicitó para una mujer de 58 años de edad imputada del delito de malos tratos a los animales, reglas de conducta y reparación efectiva del daño causado.
La defensa de la imputada propuso, y la Fundación Ajuya aceptó, un conjunto de medidas sustitutivas. Entre ellas, se incluye el financiamiento de 30 castraciones para gatos callejeros en la localidad de Cachi, a realizada por un veterinario designado.
Además, la imputada deberá asistir a un curso de concientización y sensibilización dictado por el Observatorio de Derecho Animal.
La Asociación Hocicos Fríos Cachi tendrá un rol crucial en esta medida, supervisando el estado de los demás animales bajo el cuidado de la imputada. Esto incluye controles sanitarios, vacunación y esterilización de los animales para evitar su reproducción.
Además, se solicitó la creación de un mural de concientización e información sobre los derechos de los animales y su protección jurídica, en una pared designada por la municipalidad de Cachi.
Fundamentos legales
La actuación de la Fiscalía se originó a partir de una exposición radicada en la Comisaría Nº1 de Cachi el pasado 9 de julio por un turista de la provincia de Córdoba.
El denunciante, que se encontraba alquilando una cabaña en Paraje Fuerte Alto, manifestó que una vecina habría quitado la vida a un gato por medio de ahorcamiento. El personal policial realizó averiguaciones en el lugar indicado y obtuvo un video de una persona que no quiso identificarse, en el cual se observa el hecho denunciado, identificando a la acusada.
El fiscal Daniel Escalante, al imputar a la acusada, resaltó que la ley 14.346 reconoce a los animales como “sujetos de derechos”, subrayando que su protección se basa en su capacidad de sufrir, similar a la de los seres humanos.
Citó estudios recientes y jurisprudenciales que otorgan a ciertos animales el estatus de “personas no humanas”, con derechos básicos como el de no ser maltratados, respaldando su argumento con una referencia a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que ha reiterado.