Quita de gratuidad en medicamentos para jubilados: “Es condenarnos a muerte”, opinaron desde Salta
Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar la gratuidad de algunos medicamentos a los afiliados del PAMI acompañado de los polémicos dichos del diputado libertario Julio Moreno, los jubilados se manifestaron en contra de esta medida.
Desde el grupo Jubilados en Lucha con adhesión del Frente de Jubilados de Salta, la Red de Derechos Humanos, entre otros, invitaron a una primera actividad a las 11 en la sede PAMI donde denunciarán la crisis del sector, bajo el lema de “Este gobierno es genocida”, se convocó a acciones en rechazo de la medida.
A las 18 hs en Plaza 9 de Julio se llevará adelante una reunión para acordar acciones, ya que los ingresos de los jubilados son míseros, teniendo en cuenta que aumentan los gastos y el dinero no alcanza, a lo que se agrega la quita de medicamentos gratuitos: “Es condenarnos a muerte” dijeron a Página 12.
Quien remarcó una infracción a la normativa de la obra social, fue María Elena Sánchez, referente del Frente de Jubilados Salta: “Hay que dejar muy claro que las decisiones que se tomen en nombre del PAMI son del gobierno (nacional) para quedarse con las arcas de la caja de la obra social más grande de Argentina, más grande del mundo”.
“Como desaparece el tributo de riesgo país para favorecer a los más ricos, lo pagamos nosotros, ya no se recibe el dinero de riesgo país, entonces directamente optaron por eliminar los remedios gratis para los jubilados del PAMI, salvo enfermedades terminales o de cierta gravedad que no se pueden suspender” afirmó.
A su vez aclaró que para poder acceder a los medicamentos los pacientes oncológicos o autoinmunes deben realizar un trámite engorroso por internet o personalmente, algo que no tiene en cuenta la realidad del jubilado quien en algunos casos no cuenta con internet o la tecnología para hacerlo.
El abogado Arias Camacho, sostuvo que la medida infringe la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de personas mayores, la cual obliga al Estado a ofrecer promoción de la salud, prevención y atención de enfermedades y la rehabilitación.