Drogas, trata y violencia: los dramáticos efectos del narcotráfico en las comunidades originarias

La llegada de las drogas o sustancias prohibidas a las comunidades originarias se volvió un nuevo problema para la sociedad y un desafío para quienes buscan combatir este flagelo social como lo es la Justicia. 

El fiscal Armando Cazón dijo que las investigaciones para concretar nuevos allanamientos en Alto la Sierra se llevaron adelante con el cuerpo especializado de Drogas Peligrosas de la provincia tras insistir en los procedimientos necesarios, que en la zona suelen ser imposibles por falta de recursos.

Uno de los hechos que impulsó la llegada de los recursos a la zona, fue la situación que se generó en septiembre último, cuando cansados de esperar respuestas a sus denuncias, integrantes de comunidades originarias quemaron una casilla. Su argumento era que allí se vendía droga y alcohol, además de mantener a niñas y adolescentes en una situación de trata sexual. La casilla pertenecía a un integrante de las comunidades criollas.

Ya en noviembre se profundizó el conflicto entre criollos e indígenas cuando se detuvo a un chico de 13 años que había entrado a sustraer nafta (que se supone era para inhalar) a la casa de un habitante criollo. Las comunidades indígenas señalaron a quien había sufrido el robo como responsable de vender nafta fraccionada a sabiendas de que infancias y adolescencias la usan para inhalar.

En aquel momento la situación desbordó a los únicos dos policías que intentaban dar alguna contención. Frente a los hechos el gobierno provincial envió más recursos de Seguridad a esta zona.

Un tercer caso más doloroso en el cual las comunidades apuntaron a las complicaciones que generan las drogas fue el femicidio de una chica wichí de 17 años, cometido el viernes 13 de diciembre último, en un camino intermedio entre Santa Victoria Este y Misión La Paz, último pueblo antes de pasar a Paraguay.

 “A mi me significaba un problema por la falta de medios” para continuar la investigación en la zona, dijo Cazón. Pero añadió que reclamó la presencia de las fuerzas especializadas y logró recursos para avanzar en la investigación en la que se reunieron elementos para avanzar sobre responsables de la venta de estupefacientes. Y es que si bien en el pueblo todos pueden conocer quien vende, solo se puede realizar un arresto tras contar con pruebas suficientes.

Allanamientos 

Es así que en Alto La Sierra, o Alto de la Sierra, la semana pasada se hicieron allanamientos en los que “encontramos cocaína, marihuana, y pasta base”, en un domicilio, además de más de 800 mil pesos, dijo el fiscal. En este lugar se detuvo a tres personas.

Mientras que en Santa Victoria Este, en el barrio La Pista, una mujer fue detenida e imputada por comercializar estupefacientes. Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante el allanamiento la mujer de 29 años intentó ocultar pruebas de su actividad ilícita escondiendo una bolsa con 38 envoltorios de cocaína entre las prendas íntimas de su hijo pequeño.

En este caso, Cazón indicó que se secuestró 1.300.00 pesos. Afirmó que tras los allanamientos, que calificó como “un éxito”, continuarán con la investigación para determinar el origen de la droga.

Los allanamientos son un milagro, falta contención 

El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, dijo a este diario que a entender de las comunidades “con estos allanamientos sentimos que hubo milagro”.

Recordó que vienen haciendo denuncias formales desde hace al menos 7 años. Pero este año “vimos que la situación de los chicos empeoró y también la venta de drogas sin control”. “Vimos a los chicos en estado de perdición, que andaban como zombis”, sostuvo al indicar que el consumo afecta principalmente a las comunidades originarias, cuyos niños y niñas inician el consumo a una edad promedio de 10 años.

 
Esta es considerada la causa de robos, peleas y otros hechos de violencia. “Por eso hemos pedido la intervención para que controlen la frontera, porque la droga viene de Paraguay y Bolivia”. Santa Victoria Este y las comunidades desperdigadas en su jurisdicción se encuentran justo en un punto de la triple frontera.

En cuanto a la contención de niños y niñas con problemas por la situación de consumo, Mendoza recordó que tampoco hay recursos suficientes a nivel del sistema sanitario.

Sobre este punto el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Ariel Sosa, confirmó que en el municipio hay una sola psicóloga, que estaba en la Comunidad Santa María articulando trabajos con la Cruz Roja. El objetivo de la profesional es trabajar con las madres indígenas para ver “como encarar” la problemática.

 Sosa indicó que en el Hospital suelen atender a chicos y chicas, pero solamente cuando llegan intoxicados a causa de la ingesta de alcohol.

 “Queremos cubrir más pero siempre debemos intentarlo desde la perspectiva indígena”, afirmó antes de aclarar que la complejidad del problema “sobrepasa a Salud” publicó Salta12.