En marzo comienza el juicio contra Atta Gerala, podría recibir hasta 11 años de prisión
El exintendente de Morillo, Atta Gerala, comenzará a ser juzgado el 2 de marzo próximo en el marco de una causa federal por contrabando, robo agravado de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas y malversación de caudales públicos, delitos por los que podría recibir una pena de hasta 11 años de prisión.
Según la acusación, Gerala deberá responder por contrabando de mercadería triplemente agravado por la cantidad de personas intervinientes, su condición de funcionario público y el valor de la mercadería en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos, todo en calidad de autor.
En caso de ser condenado, según pudo saber InformateSalta, además de la pena de prisión, podría recibir inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Actualmente, el exjefe comunal se encuentra en libertad provisoria.
Gerala fue destituido el 20 de noviembre de 2024, ocho días después de haber sido imputado por el fiscal general Eduardo Villalba, en el marco de la investigación por el robo sistemático de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas, delito que se venía registrando desde hacía varios meses en el chaco salteño.
En el mismo juicio también será juzgado el ex suboficial ayudante Daniel Alejandro Rodríguez, quien está acusado de haber recibido dinero a cambio de permitir el traslado del material robado, con una expectativa de pena de hasta tres años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Condenas previas
La causa ya cuenta con tres condenados mediante acuerdos previos. Uno de ellos es Miguel Gerala, hijo del exintendente, quien fue condenado a seis años de prisión como coautor de contrabando agravado, robo agravado y cohecho activo. También fue condenado a la misma pena el comerciante David Edilberto Medina, mientras que el exsargento de Gendarmería Jorge Fernando Cabrera recibió una condena de dos años de prisión en suspenso por cohecho pasivo.
La investigación
La investigación se inició en agosto de 2024, a partir de una denuncia del Correo Argentino por el envío sospechoso de encomiendas que contenían más de 480 neumáticos ingresados ilegalmente desde Bolivia. A partir de escuchas telefónicas y tareas de campo, la fiscalía logró reconstruir una red de contrabando que también incluía la exportación ilegal de material ferroso, en particular rieles sustraídos del ferrocarril.
Las pericias y escuchas permitieron establecer que los rieles eran robados entre las localidades de Padre Lozano y Morillo, utilizando mano de obra de comunidades originarias, maquinaria y vehículos pertenecientes al municipio. El material era trasladado a Orán y luego a Salvador Mazza, desde donde era cruzado ilegalmente a Bolivia con la complicidad de efectivos de fuerzas de seguridad.