Déficit récord, controles fallidos y rutas destruidas: Corredores Viales perdió más de $30.000 millones

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) expuso una serie de graves irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El documento oficial reveló que solo en 2022, durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, la compañía registró pérdidas superiores a los $30.000 millones, en un contexto marcado por fallas administrativas, controles internos débiles y una estructura operativa sobredimensionada.

Las conclusiones del informe derivaron en una intervención directa de la empresa, dispuesta por el presidente Javier Milei, y en una denuncia penal que hoy instruye el juez federal Ariel Lijo. En paralelo, el Gobierno nacional avanzó con el proceso de privatización total de Corredores Viales, con el objetivo final de disolver la empresa estatal y transferir la operación de los corredores a manos privadas.

• Una empresa creada para administrar peajes que terminó en crisis

Corredores Viales S.A. fue creada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, mediante el Decreto 794/17, como una estructura paralela a la Dirección Nacional de Vialidad. Su finalidad original era administrar corredores estratégicos bajo el sistema de peajes, pero con el paso de los años se transformó, según los informes oficiales, en un organismo deficitario, costoso y con escasa transparencia.

De acuerdo con el Informe de Situación Empresaria aprobado en septiembre de 2023, la empresa administra aproximadamente 5.900 kilómetros de rutas, distribuidos en distintas provincias, y contaba al cierre de 2022 con 4.097 empleados. Su capital social está repartido entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).

• Pérdidas millonarias y dependencia del Tesoro

El dato más contundente surge del balance económico: una pérdida neta de $30.047 millones en 2022, más del doble del déficit registrado en 2021. Esto ocurrió a pesar de que el tránsito vehicular en las 42 estaciones de peaje aumentó un 17,2% interanual, alcanzando casi 196 millones de vehículos.

Sin embargo, los ingresos por peaje cayeron un 7%, principalmente por el atraso tarifario. El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, dejando en evidencia que los costos operativos superaron ampliamente los ingresos. Para sostener el funcionamiento, el Tesoro Nacional debió transferir $14.619 millones durante ese año, destinados a gastos corrientes y obras.

• Auditorías, irregularidades y causas judiciales

La SIGEN fue especialmente crítica al evaluar el funcionamiento interno de la empresa. En al menos siete auditorías, detectó “debilidades en el sistema de control interno”, especialmente en áreas sensibles como compras y contrataciones, recaudación de peajes, pagos de tesorería, recursos humanos, tecnología informática, inventarios de activos y viáticos.

Uno de estos informes motivó la intervención del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, que investiga presuntas maniobras irregulares. También se detectaron pagos por más de $128 millones vinculados a la ex concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial, y demoras en la modernización del sistema de cobro de peajes, en parte por restricciones a la importación de equipamiento.

• “Una estructura cara e ineficiente”

Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) también fueron duros con el diagnóstico. Su director ejecutivo, Jorge Zatloukal, afirmó que Corredores Viales es “una empresa cara e ineficiente”, con una planta de personal sobredimensionada y sin funciones claras. Además, sostuvo que el 70% de la red vial se encuentra en malas condiciones, pese al esquema de peajes vigente.

• Intervención, privatización y disolución

Frente a este escenario, en abril de 2025 el Gobierno nacional dispuso la intervención formal de la empresa, designando a Anastasia María Adem al frente del proceso, con la misión de realizar auditorías integrales y evaluar el estado financiero y operativo.

Previamente, el Decreto 97/2025, publicado el 17 de febrero, autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A., en línea con lo establecido por la Ley Bases. El plan contempla la extinción de los contratos vigentes, la concesión de más de 6.000 kilómetros de rutas mediante licitaciones públicas y, finalmente, la disolución de la empresa estatal.

Mientras el proceso avanza, Corredores Viales continúa intervenida, bajo investigación judicial y convertida en uno de los casos más emblemáticos de una gestión que dejó miles de millones en pérdidas, rutas deterioradas y un esquema administrativo que hoy el Gobierno busca desarmar por completo.