El juez falló a favor de la investigación por enriquecimiento ilícito

Al abrirse la causa por el delito de enriquecimiento ilícito en su contra, el 4 de diciembre del año pasado, el senador nacional y candidato a gobernador, Juan Carlos Romero, dio directas instrucciones a sus defensores a fin de evitar su paso por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos o alguna dependencia judicial.

Para ello, el grupo de defensores romeristas acordó nombrar a la letrada Andrea Astudillo Rizzi como defensora, aunque existen rumores de que ella no es quien redacta los planteos que ya se presentaron en el marco de este expediente, pues, según algunas abogadas amigas, ella así lo habría reconocido.

Algunas creen que Astudillo Rizzi no quiere comprometerse del todo con la suerte de su cliente, pues su futuro cercano no es alentador, tanto en la justicia como en las urnas. Amén de ello, y tal cual las instrucciones recibidas, la abogada no tardó en recusar a la fiscal, Mónica Poma y en plantear la nulidad de la imputación hecha contra su cliente, con lo cual frenaron la primera indagatoria a la que fue citado Romero, el 4 de diciembre pasado.

Ambos escritos fueron rechazados por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y girados a su vez al juzgado de Rodríguez Pipino, quien resolvió los dos planteos. El 4 de febrero pasado rechazó la recusación de la defensa de Romero contra la fiscal.

El 12 de febrero, en tanto, el juez también rechazó el planteo de nulidad interpuesto por la defensora Astudillo Rizzi, quien el viernes 27 de febrero apeló la decisión de este magistrado, quien había fallado a favor de que Romero sea investigado por enriquecimiento ilícito.

Esta resolución complicó a Romero, pues ya no se trata de una arremetida de los fiscales, como suele sostener en sus argumentos defensivos, sino la decisión de investigarlo por enriquecimiento ilícito sumó el aval del Poder Judicial.

En sus argumentos, la defensora Astudillo Rizzi “explicó” que el decreto de imputación por enriquecimiento ilícito contra su cliente carece de sustento en vista de que fue fundado en noticias “criminis difundidas por los medios, como así también se valió de las acusaciones penales que ya están presentadas en otras causas abiertas contra Romero.

Asimismo, resaltó que la acusación debe presentarse una sólida fundamentación y no estar basada en cálculos aproximados del valor del metro cuadrado de la mansión que Romero posee en Castellanos, en la localidad de San Lorenzo.

También, y obviamente, la defensora se refirió al rédito político que a su entender se persigue con esta causa, planteo que el propio Romero completó en sus distintas declaraciones públicas al definirse como un perseguido del gobierno provincial.

En respuesta, la fiscalía desechó estos argumentos defensivos al sostener que la acusación, según la exigencia del código procesal penal vigente, no exige el rigor que la defensa solicita, sino pues sólo se trata del inicio de una investigación penal que apunta, casualmente, a confirmar o descartar la imputación.

También rechazó las apreciaciones políticas, las cuales sostuvo nada tienen que ver con la causa en trámite, como así también descartó que se vulnere el principio legal que impide que una persona sea juzgada en doble instancia, ya que los otros delitos en los que Romero está imputado no tienen vinculación con el del enriquecimiento ilícito.

Opinión del juez

Al analizar el planteo defensivo y la posición de la fiscalía, el juez Rodríguez Pipino sostuvo en primer término que el recurso en cuestión, interpuesto por la defensa de Romero, se trata de un resorte “excepcional”, y por ende debe ser correctamente fundado.

Rodríguez Pipino recordó que planteos como el presentado tiene como función corregir falencias que posteriormente sean imposibles de zanjar o bien causen un perjuicio irreparable para algunas de las partes en pugna, por lo cual su presentación exige el cumplimiento estricto de ciertas premisas.

Con este argumento, el juez declaró que tras revisar lo expuesto por la defensa y por la fiscalía “no se verifica ningún elemento o circunstancia susceptible de causar la anulación de la imputación” contra el ex gobernador, por lo que avaló con ello que Romero sea investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Asimismo, le recordó a la defensa del ex gobernador que bajo el nuevo código de procedimientos penales, la dirección de la investigación está en manos de la fiscalía y que la ley faculta a los fiscales a seguir adelante con la investigación a partir de la mera sospecha.

Señaló también que los fiscales están obligados a investigar no sólo a partir de una denuncia, sino cuando toman conocimiento de un presunto hecho delictivo, por lo que el recurso de la “noticias criminis” no invalidad la acusación penal.

El magistrado defendió el hecho de que en el inicio de las actuaciones investigativas la carga probatoria sea menor, pues la ley describe al decreto de imputación como el puntapié de una investigación más profunda que deben avanzar, no sin antes concretar el acto de indagatoria al imputado.

Rodríguez Pipino, según el fallo, afirmó que las actuaciones llevadas adelante hasta ahora por la fiscalía no lesionan las garantías del debido proceso y de defensa en juicio de Romero, ni tampoco la defensa del ex gobernador logró acreditar fallas o contradicción por parte de la acusación, por lo que resolvió rechazar el planteo de nulidad. 

Fuente: www.informatesalta.com.ar