Policías protegían a una familia ‘narco’

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, según informó el portal Fiscales Penales Salta, formalizó una grave imputación penal contra los ochos policías detenidos ayer en un procedimiento antidroga, quienes habían conformado una asociación ilícita que tenía como objetivo brindar protección a una familia de narcos de barrio Alta Tensión, como así también sacar del negocio a sus competidores a fin de acaparar el mercado de venta de  estupefacientes.

El subcomisario, Ricardo Enrique López; el oficial auxiliar, Daniel Vizgarra; el sargento ayudante, Rafael Siares; el agente, Sergio López; la sargento ayudante, Nancy Bruna; el cabo, Pedro Gustavo Carrizo, Carlos Alfredo Erazo y el cabo, Javier Ramón Costilla; junto a los civiles Sandra Elizabeth Serrudo y su hijo Alfredo Thiz, fueron imputados por los delitos de “asociación ilícita” y “confabulación”.

Además los policías también fueron imputados por los delitos de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización Doblemente Agravado por la Participación de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido por funcionarios públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos”, “violación de secretos”, “omisión de los deberes del oficio”, “tenencia simple de estupefaciente” e “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

La fiscalía dispuso dichas calificaciones penales a partir de la investigación preliminar que se llevó adelante, la cual se inició a partir de una intervención telefónica a la acusada Serrudo, de quien existían serias sospechas de su actividad como vendedora de drogas en barrio Alta Tensión.

Buabse explicó que de las primeras escuchas obtenidas se pudo establecer que efectivamente Serrudo se dedicaba a la comercialización de drogas, como así también que contaba con protección policial de efectivos del Sector 5 de drogas Peligrosas.

Según informó la fiscal, los acusados ponían en aviso a Serrudo cuando se iba a realizar un procedimiento en su vivienda a fin de que no tenga sustancias en el inmueble. Sin embargo, no se trataba de un hecho aislado, sino de un accionar que, según las escuchas, era de larga data y del cual participaban todos los policías imputados.

Por otra parte, Buabse explicó que la “connivencia del personal policial con Serrudo y su actividad ilegal” llegó al punto tal que los acusados “realizaban registros domiciliarios” en las viviendas de otras personas que se “dedicarían también a la venta de estupefacientes” en ese mismo territorio.

El objetivo, agregó, consistía en reducir mediante estas maniobras las otras “bocas de expendio” en beneficio de la que los acusados protegían, con lo cual la comercialización de drogas quedaba en manos de una sola persona: Serrudo.

Una prueba de ello es que el día en que los policías fueron detenidos se dirigían a realizar un allanamiento en la casa de un competidor de Serrudo, quien les había proveído la droga para “plantar” en la casa que pretendía allanar.

Para poder concretar esta acción, los acusados, encabezados por el subcomisario, solicitaron la orden judicial respectiva al Juzgado de Garantías 4, para lo cual aludieron tener pruebas de la supuesta venta de droga en dicho lugar, el cual fue allanado tras la detención de los efectivos, pero no se secuestró drogas.

Cabe destacar que de los diez acusados, sólo prestó declaración indagatoria el subcomisario López, quien sostuvo que llegó al grupo de trabajo del Sector 5 hace pocas semanas y aseguró desconocer el accionar de sus compañeros. Una vez finalizadas la audiencia, la fiscal solicitó al Juzgado de Garantías 2, a cargo del juez, Ignacio Colombo, la mantención de la detención de los diez acusados.