Allanaron Odebrecht y secuestraron datos sobre obras públicas realizadas con AySA

Ayer almediodía mientras el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaba una reunión con el abogado de la compañía brasileña para intentar llegar a un acuerdo, la Justicia inició allanamientos a la sede de la empresa, a las oficinas de seis compañías que fueron sus socias en distintas obras y, por último, a AySAsa, la empresa pública de aguas. Enterado de los hechos, el representante legal de Odebrecht se retiró, informó La Nación. 

El juez federal Sebastián Casanello ordenó los procedimientos para obtener toda la documentación relativa a la construcción de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Bicentenario, cuyos contratos fueron adjudicados a Odebrecht y Camargo Correa. La Justicia ya había detectado distintas irregularidades en el contrato de $ 2700 millones adjudicado a Odebrecht en 2008, como redeterminaciones de precios injustificadas y el desvío de casi $ 1000 millones del presupuesto.

El juez Casanello ordenó los allanamientos para buscar toda la documentación de las licitaciones "mellizas", dos concursos sospechosos para los investigadores porque comparten las mismas prácticas -irregularidades incluidas- y los mismos actores que son investigados en Brasil por el caso conocido como Lava Jato.

Los procedimientos se prolongaron durante siete horas. Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ingresaron sobre el mediodía a la sede de Odebrecht en la calle Leandro N. Alem al 800.

La Justicia ya detectó inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht junto con sus socios Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones en enero de 2008. Cuatro meses después de haber adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones, AySA implementó una ampliación en el presupuesto por otros $ 400 millones, reveló La Nación. 

Los incumplimientos de la empresa durante la ejecución del contrato le costaron a Odebrecht $ 32 millones por multas por los fuertes retrasos en las obras, según consta en documentos oficiales.

La compañía se limitó ayer a emitir un comunicado en el que "reafirma su posición en colaborar con la Justicia". "La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", señalaron los brasileños.

El fiscal Federico Delgado había ofrecido ayer a la empresa aportar datos a la Justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada en la ley.