Por falta de decisiones políticas, Salta no cuenta con un Defensor del niño

Cada vez son más frecuentes los casos de abusos sexuales a menor, denuncias por hechos de violencia y diversas situaciones que ponen en riesgo la vida de los niños. Lucrecia Miller, presidenta de la Fundación PAPIS y coordinadora de la Red de Infancias Protegidas del NOA, dialogó con InformateSalta sobre la necesidad de que se designe un Defensor del Niño.

“Las funciones del Defensor están previstas en la ley 26.061, ley nacional que se sancionó en el 2005 a la que la Provincia adhiere a través de una ley provincial que es la 7.970, pero obviando llamativamente la figura del Defensor del niño, por eso es nuestra lucha. La ley que se aprobó en el 20106 ignora y omite este rol”, explicó Miller.

De acuerdo a lo manifestado por la mujer, se trata de una figura autónoma, que, no depende del Poder Ejecutivo ni del Judicial. El Defensor del Niño se designa a través de un concurso público de antecedentes y oposición que convoca una bicameral, constituida por 5 diputados y 5 senadores que evalúan los postulantes. Además, hay un período de impugnación donde participa toda la comunidad para aprobar o rechazar a los postulantes.

“Las funciones específicas son las de controlar y supervisar todo el sistema imperante en nuestra provincia. De alguna manera, el Defensor va a hacer visibles las problemáticas que aquejan al colectivo de la infancia. Todos estos casos que están sucediendo dan cuenta que hubo un sistema ineficaz en la base, como los casos de la jueza Claudia Güemes, la muerte de Thiago Quipildor, las nenas embarazadas por una violación, etc.”, sostuvo.

Miller sostuvo que son numerosos los casos que demuestran que no hubo una política de Estado dedicadas a defender la infancia: “La Universidad Católica Argentina y otros organismos demuestran que un 64% de la infancia crece en situaciones de extrema pobreza, crece el embarazo adolescente, también está presente la problemática del consumo de sustancias, Salta y Jujuy son las provincias con índices más altos de suicidios infanto juveniles.”

El defensor representa una especie de auditor de todo el sistema operante en la provincia y debe detectar  si no hay coordinación de organismo, si hay superposición de acciones, si hay poca efectividad de los organismos estatales porque no se profundizan las instancias administrativas preventivas, entre otros aspectos.

“El principal déficit de nuestro sistema de protección es que todo se judicializa y lo que fracasan son las instancias previas a la judicialización, lo que llamamos instancias administrativas preventivas. Hoy no se opera en la detección precoz de las situaciones de riesgo ni se opera para la promoción de los derechos de los niños”, destacó Miller.

Desde la Fundación PAPIS se está trabajando en la recolección de 20 mil firmas para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados como iniciativa popular. Además llevan a cabo jornadas informativas con los legisladores provinciales. “Hay un profundo desconocimiento sobre la legislación de protección hacia la infancia”, subrayó.