Salta está a la cabeza de la persecución penal contra sacerdotes abusadores

Mientras la lista de sacerdotes de la Iglesia Católica denunciados por abuso sexual en Argentina crece, pues el número de 62 acusados, en el año 2017, aumentó a 66 al año siguiente, la mayoría de los procesos penales tienden a estancarse, ya sea por la inacción de la misma justicia o las maniobras dilatorias de las defensas.

En Salta, en tanto, la situación se tornó más peligrosa para los curas abusadores, pues de los cinco sacerdotes y dos monjas que fueron denunciados en los últimos años, tres de ellos pasaron por los calabozos de la alcaidía de la ciudad judicial, aunque luego fueron beneficiados con medidas sustitutivas que les permitieron gozar de la eximición de prisión o la detención domiciliaria.

No obstante, los procesos penales iniciados contra los sacerdotes y monjas por abuso sexual, a excepción de dos de ellos, tuvieron un ritmo que llevó a los fiscales a presentar los correspondientes pedido de juicio en contra de dos curas y una monja, casos que se espera sean llevados a debate en el curso de este año.

Pese a la reticencia de las autoridades principales del Arzobispado de Salta al momento de colaborar con la justicia local, los fiscales pudieron avanzar con los procesos penales, lo que generó cierto riesgo para los curas cada vez que ingresa una denuncia por abuso sexual en su contra.

El camino de la denuncia a la imputación penal y de ahí al juicio, en materia de causas penales contra curas y monjas por delitos sexuales, suele ser, por lo general, un tramo extenso y repleto de planteos o sencillamente olvidos de parte de los operadores judiciales.

Las cifras

De acuerdo a un relevamiento de InformateSalta, las 66 denuncias publicadas por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiásticos, doce llegaron a juicio y en todos los casos, los sacerdotes juzgados fueron condenados. El resto de los procesos penales, en tanto, quedaron olvidados en el camino, mientras que otros tantos directamente fueron archivados o los acusados lograron el sobreseimiento.

Como era de esperar, Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de denuncias contra sacerdotes por abuso sexuales, siendo el caso de mayor trascendencia la acusación contra del Padre Julio César Grassi, quien fue condenado en el año 2009 a la pena de 15 años de prisión por abusos cometidos en la Fundación Felices los Niños, la cual dirigía.

En Salta

En nuestra provincia, en tanto, se abrieron siete causas penales por denuncias en contra de curas y monjas por delitos sexuales. La primera devino de una denuncia radicada por un joven de 19 años, quien se presentó en la ciudad judicial y acusó al cura Alessandro de Rossi, titular de la Vicaría María Medianera de Todas las Gracias, ubicada en el barrio Islas Malvinas.

La acusación penal se formalizó el 28 de diciembre de 2013, bajo la calificación penal de abuso sexual gravemente ultrajante. La imputación la llevó adelante el fiscal penal de la Unidad de Grave Atentados contra las Personas, Pablo Paz, quien reunió suficientes pruebas documentales de los abusos y con ello solicitó la captura internacional de De Rossi, conocido en esta ciudad como el “cura villero”.

La víctima, en su relato, reveló orgías sexuales organizadas por el sacerdote en la parroquia e incluso el pago de miles de pesos por parte del cura, quien llevó a pasear por el mundo de algunos de los jóvenes abusados y elegidos por De Rossi para premiarlos con excursiones turísticas.

Pese a las pruebas, De Rossi, quien fue detenido en Italia, la justicia del Vaticano desechó el pedido de captura y recluyó al sacerdote en una diócesis local, donde el cura De Rossi quedó prácticamente fuera del alcance de la justicia salteña.

Tres años después, el 21 de diciembre de 2016 y a pedido de la fiscal penal, María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, otro cura no sólo volvió a ser acusados por delitos sexuales sino que fue detenido.

Se trata del sacerdote, Agustín Rosa Torino, fundador del Instituto Religioso Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, quien fue acusado por una ex monja y otros ex seminaristas que dividían sus días, entre la Iglesia de la Santa Cruz, en calle Santa fe al 1.200 y las instalaciones del monasterio San José, en Finca La Cruz.

Junto a Rosa Torino, se abrió también una causa penal en contra de la monja, Valeria Zarsa, la que también fue detenida. Ambos, el cura y la ex religiosa, estuvieron tras las rejas hasta agosto del año 2017, cuando un fallo del Tribunal de Impugnación los benefició con la detención domiciliaria.

En octubre de 2018, la fiscalía cerró la investigación penal y pidió que Rosa Torino y Zarsa sean llevados a juicio, instancia que fue ratificada por en marzo pasado por el juzgado de garantías, con lo cual ahora resta que el Tribunal de Juicio fije fecha de debate.

El 17 de octubre de 2018, en tanto y a partir de otro pedido de la UDIS, esta vez del fiscal penal, Federico Obeid, fue detenido el cura, Emilio Lamas, a instancia de una denuncia radicada por un ex monaguillo del sacerdote, cuando éste estaba al frente de la Parroquia de Rosario de Lerma.

El 30 de octubre de ese mismo año, sin embargo y pese a otras denuncias por abuso sexual en contra del sacerdote, la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, benefició al cura con la detención domiciliaria. A los meses, en tanto, el 18 de diciembre de 2018, la fiscalía pidió el enjuiciamiento de Lamas.

El 12 de febrero pasado, en tanto, la fiscal penal de Orán, María Soledad Filtrín, abrió una actuación preliminar en contra del ex obispo de esa ciudad, Gustavo Zanchetta, también a instancias de denuncias por abuso sexual radicadas por ex miembros de una congregación que dirigía dicho sacerdote.

La semana pasada, por último y hasta ahora, otra vez la fiscal Sodero Calvet pidió la detención de otro cura, José Carlos Aguilera, quien el viernes pasado fue imputado formalmente por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, y por el momento, sigue detenido.