La Justicia porteña suspendió la actividad de Rappi, Glovo y Pedidos Ya

En una dura resolución de ejecución inmediata, el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Roberto Gallardo suspendió la actividad de reparto en moto o bicicleta de las plataformas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que las empresas regularicen la situación laboral de su personal y cumplan con el Código de Tránsito y Transporte. También les bloqueó los pagos con tarjetas de crédito. Además, dispuso que se hagan operativos policiales para decomisar las mercaderías de los repartidores, publicó Clarín.

La resolución sorprendió a las empresas, desde las cuales por el momento evitaron hacer declaraciones. Sus equipos de abogados están reunidos para analizar la medida y resolver los pasos a seguir.

Gallardo, titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo, abrió la feria judicial a raíz de una presentación de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM). Esta asociación fue a la Justicia después del caso del repartidor que le comunicó a la empresa de delivery que había sufrido un accidente, y al que le respondieron preguntándole cómo estaba el pedido.

Después de contar que reciben cinco denuncias por accidentes por semana, desde ASSIM le pidieron al Juzgado que, "en vísperas a un nuevo fin de semana durante las vacaciones invernales" se haga cumplir una medida cautelar dictada por el propio juez Gallardo y confirmada por la Cámara el 10 de julio pasado. Esa cautelar le daba diez días a las empresas para regularizar su situación y cinco al Ejecutivo porteño para prohibir que los motociclistas y ciclistas que hacen delivery circulen sin casco e indumentaria con bandas reflectantes.

En su nueva presentación, ASSIM insiste en que se haga cumplir el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad. Y solicita que se impida "que los conductores de bicicletas y motocicletas que realizan actividad de reparto continúen desarrollándola en las condiciones de precariedad absoluta en que actualmente prestan dichos servicios".

El juez Gallardo, conocido por sus fallos contra el Gobierno porteño, le dio la razón a ASSIM. En su nueva resolución destacó que, desde el 10 de julio, se produjeron 141 siniestros viales donde resultaron heridos repartidores que iban en moto o bicicleta. Y afirmó que si se hubiera cumplido con la medida cautelar confirmada por la Cámara, esos siniestros no hubieran ocurrido.

Por eso, intima a "las empresas autodenominadas plataformas", a entregarle a la Justicia en el término de dos días una lista completa de su personal y la constancia de haberle entregado por su cuenta y cargo los elementos de seguridad necesarios para su trabajo (casco, indumentaria reflectante y la fijación de la caja en el rodado). También la acreditación de que tienen libreta sanitaria vigente, además de constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.

"Hasta tanto esas condiciones legales y judiciales sean cumplidas en su integridad, se ha decidido suspender la actividad de las empresas Rappi Arg. S.A.S. (RAPPI), Kadabra S.A.S. (Glovo), y Repartos Ya S.A. (PEDIDOS YA) en el ámbito de la Ciudad", dice la resolución.

Para hacer cumplir esta medida, Gallardo le ordena a la Policía de la Ciudad hacer operativos todos los días, de 11 a 14 y de 20 a 24. Incluso, señala que deberán realizarlos especialmente en Honduras y Malabia, Luis María Campos y Chenaut, Costa Rica y Armenia, Borges y Honduras, Juan B. Justo y Santa Fe, y Báez y Ortega y Gasset. En esos operativos, los efectivos policiales deberán decomisar los envíos transportados por repartidores de Rappi, Glovo y Pedidos Ya que no respeten "los requisitos legales y judiciales". Por ejemplo, el uso del casco e indumentaria con bandas reflectantes, tener libreta sanitaria y llevar la caja porta objetos fijada al vehículo, no colgada en la espalda.

En otro punto de su resolución, el juez Gallardo ordena el bloqueo inmediato de todas las operaciones con tarjetas de crédito que efectúen las tres empresas en la Ciudad.

El juez señala que su resolución, que fue difundida por el sistema de información iJudicial, tiene por objeto "regularizar las prestaciones de las empresas conforme al marco legal vigente y la medida cautelar ratificada por la Cámara". También "impedir que continúen produciéndose accidentes evitables, que cobren la vida o la integridad física de los empleados repartidores". Y prevenir y evitar "situaciones que conlleven daños a la salud de la población por la eventual manipulación indebida de alimentos".

El otro objetivo, según Gallardo, es evitar que el sistema de reparto en moto y bicicleta sea utilizado "para consumar ilícitos". Es que una de las denuncias de ASSIM es que los repartidores no pueden negarse a llevar un pedido y a veces reciben paquetes con contenidos que desconocen.