Añez desconoce a las autoridades del Senado y anuncia un plan armado contra el desabastecimiento

A cuatro días de autoproclamarse presidenta interina y mientras intenta conseguir el reconocimiento de la región y el mundo, Jeanine Áñez habló con la prensa internacional y advirtió que no reconoce las nuevas autoridades designadas en el congreso y anunció un plan de la policía y las Fuerzas Armadas para evitar el desabastecimiento de combustible, uno de los principales temores en Bolivia, informó Télam.

Ayer, por primera vez desde que Evo Morales renunciara y denunciara un golpe de Estado, su Movimiento al Socialismo (MAS) inició un diálogo con las fuerzas políticas afines a Áñez. Una parte de este sector aceptó sentarse en la primera sesión del Senado tras el derrocamiento del presidente y se eligieron nuevas autoridades para reemplazar a las que renunciaron junto a Morales.

Áñez, quien aseguró que "asumió la responsabilidad del gobierno ante la ausencia de autoridades y del Estado", anunció hoy ante una pregunta de la enviada especial de Télam que desconoce a esas nuevas autoridades, que de ser reconocidas legalmente deberían ser parte de la línea sucesoria presidencial.

"Va a haber una impugnación. El Movimiento al Socialismo tiene mayoría en ambas cámaras y la información que tenemos es que no habría conseguido el quórum. No podemos seguir llevando adelante acciones manipuladas de este tipo. Necesitamos la pacificación del país y así no la conseguiremos. Debemos ser responsables", aseguró Áñez, pese que el MAS posee quórum propio.

La presidente interina autoproclamada también se refirió a uno de los grandes temores que sobrevuela a La Paz y otras partes del país con el avance de los cortes de calles, rutas y el avance de caravanas masivas de manifestantes que llegarán a la capital este fin de semana para pedir su renuncia: el desabastecimiento de combustible y, eventualmente, de alimentos.

"Hay un plan que desconozco porque no es mi rol saberlo. El Ministerio de Defensa, junto con las Fuerzas Armadas y la policía, diseñaron un plan para tener todos los caminos expeditos para poder llegar a toda la población", explicó.

"Espero que se haga de manera pacífica", agregó.

Áñez dedicó gran parte de su exposición a criticar al gobierno de Morales, lo acusó de "malgastar el dinero de todos los bolivianos", de fomentar un "falso racismo de las ciudades al campo" y de haber cometido fraude en las últimas elecciones, en las que primero festejó su triunfo en primera vuelta y luego llamó a nuevos comicios.

"El presidente Morales se tuvo que ir del país por los reclamos públicos por el fraude. Nunca hubo una orden de detención", aseguró la presidenta interina autoproclamada y luego agregó: "Ahora el MAS demanda que vuelva cuando él se fue solo. Que vuelva entonces, pero él sabe que tiene que responder a la Justicia."

Una y otra vez, Áñez destacó que su gobierno "es transitorio" y "no procura la venganza", solo convocar a elecciones "lo antes posible". Sin embargo, no pudo poner fecha.

Eso solo sucederá cuando se designe una nueva autoridad electoral.

"Cuando tengamos un tribunal supremo electoral probo, él tendrá que definirlo y si un partido que cometió fraude puede participar", agregó la dirigente en referencia a sus denuncias contra el MAS.

El problema es que solo la Asamblea Legislativa puede designar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral y, por el momento, el gobierno autoproclamado que dirige el país no reconoce a las autoridades del MAS elegidas en los últimos días en el Poder Ejecutivo.

Pese a que Áñez sostuvo que su gobierno solo busca convocar a elecciones y no gobernar el país más allá de eso, la flamante canciller del gobierno interino, Karen Longaric, anunció más tarde que el país rompía relaciones diplomáticas con Venezuela, abandona la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) liderada por Caracas y analiza retirarse de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Longaric denunció que venezolanos vinculados con la embajada en La Paz estaban "atentando contra la seguridad interna" y anunció la expulsión de todo el personal diplomático acreditado en la capital.

"Se les dará un plazo para que abandonen el país, por haberse involucrado en asuntos internos del Estado", declaró la canciller interina, que calificó a esa actitud como una "violación de normas diplomáticas".

Posteriormente, la Policía informó que detuvo a nueve ciudadanos venezolanos que intentaban abandonar el país por la frontera con Brasil y los acusó formalmente de "sedición" y por "portación ilegal de armas".