Macri ordenó derogar el nuevo protocolo para abortos no punibles

Gobierno 20 de noviembre de 2019
Apenas doce horas después de que se publicara en el Boletín Oficial, el presidente ordenó a la ministra Stanley que anulara la resolución de su par, Rubinstein, que fue centro de las críticas en el macrismo.
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Por orden del presidente Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley anulará la resolución que actualizaba el protocolo para la interrupción legal del embarazo a través del Boletín Oficial, en medio de críticas al secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, en el seno del Gobierno nacional y del macrismo. 

La normativa 3158/2019 se confeccionó "teniendo en cuenta las dos ediciones de la 'Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles' de 2007 y 2010".

La resolución indicaba que el protocolo se adecuó a "normativas internacionales" con el objetivo de "garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo" cuando ponga en riesgo la vida de la embarazada o si fue víctima de una violación, donde prima la voluntad a partir de los 13 años.

Pero doce horas después, el Gobierno nacional da marcha atrás. 

Desde el ministerio que conduce Stanley indicaron que se revocará la resolución de Salud por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, según precisa Infobae, ya que hubo organismos de niñez y adolescencia, mujer y discapacidad que no tuvieron intervención. 

Cuando se conoció la publicación en el Boletín Oficial, comenzaron las críticas desde sectores internos de Cambiemos sobre la resolución de Rubinstein. Entre ellas, la del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que criticó por "inconstitucional" la decisión.

"Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica", señaló Pinedo en su cuenta de Twitter.

El senador consideró que "el secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".

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