El dueño de un campo hirió gravemente a una puma y ahora debe pagar una “cuota alimentaria”

A mediados de mayo de 2020, el productor agropecuario Sergio Neubauer puso enormes trampas alrededor de su campo, según dijo, para “proteger” a sus vacas de posibles ataques de jabalíes (la cacería está liberada). Justo por allí, en el Parque Nacional Lihué Calel, pasaba Unelén, una pequeña puma, que hasta ese momento vivía en su hábitat natural. Quedó atrapada entre los grandes dientes oxidados de la trampa de la que instintivamente intentó, sin éxito, escaparse. No pudo. Cuando la encontraron los brigadistas del lugar, estaba sin fuerzas y colgando de un alambre colindante entre el predio del parque y el campo vecino.

Unelén -así la llaman desde el rescate, y significa “la primera de su tipo”, en lengua mapuche- debió ser intervenida de inmediato debido a la seriedad de las lesiones: su pata delantera derecha quedó hecha pedazos y no hubo otra alternativa más que amputarla. Ese acto de crueldad de la que fue víctima (tal como la ley 14.346 reconoce a los animales que padecen por el daño de las personas) no pasó inadvertido por la justicia pampeana y, por primera vez, un caso de violencia en perjuicio de un animal de la fauna silvestre -delito penal tipificado en Argentina por la ley 22.421- tuvo un resarcimiento económico y el cazador deberá abonar una cuota para su manutención mientras la puma viva, lo que se estima será entre 15 a 20 años.

Así, el productor agropecuario llegó a un “acuerdo de reparación” con la Justicia y deberá depositar $4.000 mensuales, ajustables cada seis meses. Con ese monto, aseguran, cubrirá parte de los gastos para alimentar a la puma. Eso no es todo: debe aportar material de concientización y educación ambiental.

Según informaron durante esta jornada los medios locales, “pese a que su uso está prohibido, este tipo de trampas se consigue en cualquier ferretería” y debido a la peligrosidad que ostentan pudo haber lesionado a cualquier trabajador del parque o a quien pudiera pasar por allí.

En declaraciones a diario La Voz, Viviana Antoci, intendenta del Parque Nacional y encargada de impulsar la demanda penal, aseguró que el incumplimiento del pago desencadenará la continuidad de la causa judicial, que podría terminar con un fallo que ordene la cárcel, por lo que esta sentencia “sienta un precedente legal para posibles luchas posteriores”.

En paralelo a esta causa, se inició una demanda civil que aún está en proceso y que podría condenar al pago de una multa que “al menos permita recuperar parte de los 300 mil pesos de los gastos operativos que se destinaron al rescate y recuperación de la puma”, informa La Voz.

“Este caso extremo debería ayudar a modificar la mirada negativa hacia el puma en ciertos sectores. Los campos cercanos tienen vacas, cuyo depredador principal no es el puma”, aseguró Antoci.