En el marco del proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, el oficialismo incluyó la creación de “institutos especializados de detención” para adolescentes en conflicto con la ley penal, además de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años.
La iniciativa fue presentada por el presidente Javier Milei junto a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, además de la senadora Patricia Bullrich. El oficialismo negocia apoyos para lograr su aprobación en la Cámara de Diputados antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, previsto para fines de febrero.
Según detalla el Capítulo 8 del proyecto, los adolescentes detenidos deberán ser alojados en institutos adecuados y separados de las secciones destinadas a adultos. Estos establecimientos deberán contar con personal especializado en el tratamiento de jóvenes, así como con dirección a cargo de profesionales capacitados, aunque el texto no especifica niveles de formación requeridos.
La normativa establece que ningún menor imputado o condenado podrá tener contacto con detenidos mayores de edad. Solo podrán ser trasladados a cárceles comunes al alcanzar la mayoría de edad y en caso de que la pena aún no esté cumplida.
Asimismo, los institutos deberán organizar módulos diferenciados según edad, condiciones de salud, características personales, identidad cultural y educativa, y la naturaleza de la detención (cautelar o punitiva).
El proyecto también contempla la garantía de asistencia médica, psicológica y psiquiátrica a cargo de profesionales especializados en adolescencia. Las salidas por atención externa deberán ser autorizadas por el tribunal competente, salvo situaciones de urgencia.
En cuanto a los objetivos del régimen, la detención deberá orientarse a la educación, formación y resocialización de los jóvenes. Se prevé el acceso a capacitación laboral, con una oferta amplia de cursos y talleres que favorezcan la futura inserción social y laboral.
Además, los establecimientos deberán disponer de espacios para actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas, con el fin de promover la inclusión social al momento de cumplir la condena.
Por último, cada instituto deberá elaborar informes trimestrales sobre la evolución de los adolescentes detenidos. Estas evaluaciones serán realizadas por las autoridades de cada centro y remitidas a la Justicia para su seguimiento.
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