Se trata de Cristian Raúl Paterson, quien ya tendría otra causa penal más por estafa en su haber. En este caso que tiene como víctima a un ciudadano surcoreano, se alzó con una suma de 60 mil dólares por la venta de una propiedad que luego revendió a otro particular.
Según surge de la acusación presentada por el fiscal Flores, la maniobra imputada a Paterson fue denunciada por el abogado Matías Adet, representante legal de Gee Kook Kim, un ciudadano surcoreano que fue víctima de una doble venta realizada por el acusado Cristian Raúl Paterson.
En el requerimiento de juicio, la fiscalía explicó que el 24 de octubre de 2017, Koo Kim celebró una operación inmobiliaria mediante la cual adquirió una propiedad, la que se trataría de un galpón con los bienes existentes, por una suma de 60 mil dólares, dinero que fue cancelado por parte del comprador.
En el documento de compra, Paterson adujo que contaba con la anuencia de su pareja para la operación inmobiliaria, como así también se acordó realizar la transferencia de la escritura hasta el 31 de diciembre de ese año, mientras que la entrega total de la propiedad se debía cumplir el 27 de abril de 2018.
Pese a que todo se acordó en buenos términos y se firmó el boleto compra venta ante una escribana, lo cierto es que Paterson, según lo afirmado por el fiscal, no cumplió con los puntos establecidos al momento de vender la propiedad.
Sucede, agrega la fiscalía en el requerimiento, que Paterson tras la venta y embolsar el dinero del Koom Kim volvió a vender la propiedad junto a su esposa, en esta ocasión a un vecino de la localidad de Cerrillos, identificado como Rudy Salinas Quispe.
De esta operación, el surcoreano recién tomó cuenta cuando obtuvo la cédula catastral de la propiedad de la Dirección de Inmueble, oportunidad en la que advirtió la maniobra fraudulenta, como así tampoco nunca se le hizo entrega del inmueble.
En vista de ello, se realizó la denuncia del caso y la fiscalía llevó adelante la investigación penal del caso, instancias en que Paterson fue identificado e imputado por el fiscal por el delito de “desbaratamiento de derechos acordados”, acusación contemplada en el artículo 173, inciso 11 del Código Penal, con una pena de un mes a seis años de prisión.