Amplían la acusación contra un senador por fraude y malversación de fondos en El Quebrachal

Justicia 10/09/2021

La fiscal García Pisacic logró imputar a Marcelo Durval García luego de convocarlo en dos oportunidades, y tras citarlo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública, ante un nuevo caso de incomparecencia injustificada por acciones fraudulentas cometidas cuando ejerció un cargo público en la Municipalidad.

De acuerdo a las actuaciones y la abundante prueba colectada, Leonardo Fabián García Y Marcelo Durval García, en su carácter de funcionarios públicos, ya que a la fecha de los hechos denunciados se desempeñaban como Intendente y Secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal, la fiscala determinó que incumplieron en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal.

Así, dispusieron en forma discrecional de los recursos municipales sin observar las normas y produjeron un grave perjuicio al erario municipal. La falta de cumplimiento a los regímenes normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos públicos.

En ese marco, el actual senador Marcelo Durval García, era quien libraba cheques sin contar con respaldo de documentación legal e impositiva que acreditara los gastos, maniobras contrarias a lo estipulado por la ley de contabilidad de la Provincia de Salta.

Sobre el delito de fraude a la administración pública imputado a Marcelo García, sostuvo que habría desarrollado tareas tendientes a privar a la administración pública de bienes de su propiedad y por el contrario, dispuso de ellos en beneficio propio y de terceros.

Tanto es así, que del análisis contable realizado surgió la utilización de dinero para solventar la campaña en época electoral. En la documentación interna que acompaña las facturas se pueden ver inscripciones tales como “Mateada Casa Lila Enrique”, “Sede”, “Elecciones Pasos 2019”, “Elecciones Pasos 2019 Tolloche” y “Sede Elecciones”…”. Es decir, se habrían desviado fondos del presupuesto municipal para fines personales y para beneficiarse y llevar a cabo actos políticos enmarcados a la campana electoral.

Por otro lado, en 2019 Leonardo y Marcelo García contrataron de manera directa con una librería cuyo propietario era un empleado público que prestaba sus servicios en la propia municipalidad y quien resultó beneficiado con una partida presupuestaria por “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por un importe de $111.458,00 (pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y ocho). Los comprobantes adjuntos suman $95.265 (pesos noventa y cinco mil doscientos sesenta y cinco), lo cual implica que se habría abonado una suma mayor a la de la documentación de respaldo.

Es decir, faltan comprobantes por un monto de $16.193 (pesos dieciséis mil ciento noventa y tres), y al realizar la consulta en AFIP, no se puede obtener la validación, porque todos los comprobantes arrojan el mismo error. Tampoco hubo procedimiento de contratación para la adquisición de los insumos de oficina, dado que el importe acumulado de las facturas establece que se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación directa o abreviada.

Por otra parte, en la partida presupuestaria “Ayuda Social a Personas”, se detectaron irregularidades tales como falta de identificación del proveedor, ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido, inconsistencia entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago y el medio de pago empleado -efectivo-, por un monto de más de medio millón de pesos ($572.150, pesos quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta).

En el caso de honorarios destinados a “Servicios Jurídicos, se pagó en efectivo y se facturó dos veces el mismo período, en marzo de 2019. En los distintos recibos de pagos, no se consigna la firma del tesorero que los emite.

Como modus operandi para justificar los gastos realizados, la fiscal detectó que cada vez que las facturas no eran válidas o correlativas, fueron completadas todas, con una misma fecha. También se realizaron diversos pagos diferidos que comprometieron el erario municipal cuya administración correspondía a la gestión siguiente.

Se detectó la falta de realización del procedimiento de contrataciones, acorde a lo estipulado por la Ley de Contrataciones, como en el caso de la adquisición de más de medio millón de pesos en concepto de Ayuda Social a Personas, la que se debería haber efectuado por medio de una Licitación Pública Nacional.

Por último, durante la gestión de los imputados en la Municipalidad, habrían recibido fondos provinciales el 1 de febrero de 2019, para la realización de una obra de agua potable en Gaona, con un anticipo de $ 316.043,58; y el 15 de mayo de ese mismo año, para la obra de red de agua potable en barrio Evita, de El Quebrachal, con un presupuesto de $ 735.222,12. A pesar de existir los extractos bancarios en la causa, las obras no se realizaron ni se justificó el destino del dinero. Todo ello, aunque el Municipio fue intimado en tres oportunidades para iniciar las obras en cuestión.