En el Día de la Salud Mental, exigen políticas públicas que prioricen la atención

El 10 de octubre se celebra el “Día Mundial de la Salud Mental” con el objetivo de visibilizar la importancia de asegurar a todas las personas el más alto nivel de bienestar emocional y social, y llamar a los Estados a aumentar sus esfuerzos para garantizar que la atención en este campo sea humanizada, accesible y de calidad. Sin embargo, la situación en América Latina y el Caribe es alarmante: 81,4% de las personas que requieren algún tipo de tratamiento no lo reciben. En el caso de Argentina, el presupuesto para salud mental disponible en 2021 representa menos del 1% de los fondos totales asignados a salud, cuando por ley debería ser el 10%. Esta situación reviste especial gravedad dadas las consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha producido en la salud mental de la población.
 
Las problemáticas vinculadas a la salud mental son cada vez más frecuentes a nivel mundial, y según un informe lanzado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2013, en América Latina y el Caribe representan casi la cuarta parte del total de los diagnósticos de salud. Sin embargo, los sistemas sanitarios no responden de forma satisfactoria a las necesidades de las personas. Los Estados aún sostienen un modelo biomédico, basado en la patologización, la medicalización y el encierro, que ignora toda la gama de determinantes sociales que inciden en la salud mental. Las instituciones psiquiátricas todavía concentran las respuestas a estas situaciones, mientras que la asistencia que brindan los servicios de atención primaria y los hospitales generales es insuficiente y los dispositivos para que las personas con discapacidad psicosocial puedan vivir en la comunidad con apoyos son prácticamente inexistentes. 

Estos esquemas de abordaje, junto a los escasos presupuestos públicos que se destinan a esta finalidad, han conducido a que la región ostente una significativa brecha de tratamiento. A modo de ejemplo, según un estudio realizado por la OPS en 2013, en América Latina y el Caribe el porcentaje de personas que requiere atención en salud mental y no la recibe alcanza el 81,4%. 

Argentina tiene grandes deudas en este ámbito. A pesar de que nuestro país cuenta con una de las leyes más destacadas y reconocidas a nivel regional en materia de salud mental y derechos humanos, las políticas públicas para implementarla son escasas, y las existentes legitiman violaciones a los derechos humanos. La cantidad de recursos que el Estado se propone utilizar año tras año y la forma en que los distribuye son prueba de ello. El presupuesto para salud mental disponible en 2021 representa menos del 1% de los fondos totales asignados a salud cuando por ley debería ser el 10%, y gran parte de ese ínfimo porcentaje todavía lo absorben los hospitales psiquiátricos, que según la normativa nacional e internacional deberían haberse cerrado. 

La situación descrita reviste especial gravedad si consideramos que la crisis social y económica que atraviesa Argentina, con niveles de pobreza y desigualdad alarmantes, incrementa las posibilidades de que parte de la población experimente algún padecimiento mental. A esto deben sumarse, además, las consecuencias que la pandemia del COVID-19 ha generado en la salud mental de la población, en particular en las trabajadoras y trabajadores sanitarios, en los niños, niñas y adolescentes, en las personas que viven solas, y en aquellas que viven en instituciones, que se han visto aún más aisladas que antes. Por ello, en su informe anual 2020 sobre Argentina, la OPS indica que invertir en los programas de salud mental es hoy más importante que nunca. 

En este contexto, se requiere una labor coordinada entre diferentes áreas y niveles de gobierno para implementar políticas de promoción y prevención en salud mental, derribar las barreras de acceso a la atención que enfrenta gran parte de la población, sustituir los hospitales psiquiátricos por servicios y dispositivos con base en la comunidad y garantizar abordajes integrales que contemplen las necesidades de vivienda, trabajo, educación y protección social que tienen, en particular, las personas que han vivido y que continúan viviendo en instituciones. Estas medidas solo son posibles con una asignación adecuada de recursos económicos, humanos y materiales. La salud mental es un derecho humano. Es tiempo de tomársela en serio.