Buscan determinar si el dinero secuestrado a Méndez es de la recaudación de los puestos de control

Justicia 29 de diciembre de 2021
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La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el ex-intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, y otras 11 personas.

Según informó Salinas Odorisio, el objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control y el dinero secuestrado en la causa. De la pericia, que tendrá lugar en febrero de 2022, podrán participar los peritos de las defensas de los distintos imputados.

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Días atrás, Adrián Zigarán, actual interventor del municipio, comentó que su antecesor había implementado un impuesto denominado VOVE, que debía ser abonado por los transportes de carga y del cual jamás se rindió su recaudación.

También afirmó que en esa cabina se cobraba a los camiones de los comerciantes locales un 2% de adelanto a las actividades varias, 6% para los que no lo son, mientras que era gratuito para camiones de exportación. “Según la investigación de la justicia esa recaudación no entraba a las tesorería del municipio sino que iba a domicilio particular”, indicó. 

Rubén MéndezLos autos y el dinero secuestrado al ex intendente Méndez volverían al municipio

Si bien no se sabía cuánto se recaudaba, Zigarán manifestó que ahora el estimado es de un millón y medio de pesos diarios.

La causa

Luego de investigar una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza, la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.

Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

El exintendente fue imputado por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, peculado de servicios y trabajos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante la investigación surgieron circunstancias que podrían constituir delitos federales, como evasión fiscal y/o delitos aduaneros, por lo que el Ministerio Público Fiscal dio intervención en la causa a la Justicia Federal.

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