Los autos y el dinero secuestrado al ex intendente Méndez volverían al municipio

La investigación judicial tras los allanamientos y el secuestro millonario al ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, continúa. El juicio en su contra podría realizarse antes de fin de año y desde la Fiscalía buscan que el dinero y los bienes retenidos, vuelvan al municipio intervenido.

En diálogo con InformateSalta, la fiscal Ana Inés Salinas, detalló que se encuentran definiendo algunas medidas en las próximas semanas con la intención justamente de requerir juicio. Mientras tanto, Méndez estará en libertad.

“Hasta ahora concurrió a todas las citaciones que se le hicieron desde la Fiscalía de Tartagal y no hubo ningún indicio que pudieran sustraerse de la investigación. En todo caso, si ello llegara a pasar, se lo hace saber y se requerirá las medidas al juez de Garantías que corresponde”, dijo.

En este sentido, indicó la finalidad de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) es investigar hechos de supuesta corrupción, del destino y de la forma en la que contablemente pueda manejarse un funcionario público.

Afirman que el ex intendente de Salvador Mazza recaudaba más de $1 millón diarios

“En este caso se detectaron altas cifras de recaudación en puestos de la Municipalidad que están ingresando a la ciudad y que no ingresaron a las arcas del municipio. La situación ya ha sido incluso confirmada por auditorías de corte, que recientemente nos remitió Auditoría General de la Provincia”, expresó.

Sobre el destino de los autos de alta gama y también el dinero secuestrado durante los allanamientos, el objetivo es que regresen al municipio de Salvador Mazza. Eso ocurrirá después del juicio, si es que Méndez resulta condenado.

“Los bienes se encuentran secuestrados y el dinero está secuestrado preventivamente en cuentas judiciales, a disposición de un juez en donde se lleva un estricto control de ese dinero y lo que resulte del juicio, por supuesto que esto tiene que volver al municipio de Salvador Mazza”, manifestó.

Finalmente, subrayó que las imputaciones son por diversos delitos, como ser peculado, malversación de fondos, negociaciones incompatibles, por lo que pena puede ser de hasta 10 años. “El objetivo más importante no es la condena y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, sino el destino que se le de a los fondos secuestrados”, concluyó.