Uno de los crímenes más crudos desde la vuelta a la democracia, reveló el accionar de mafias en el país. El fotoperiodista José Luis Cabezas fue asesinado en 1997 a los 35 años con dos disparos, su cuerpo fue calcinado dentro del auto que utilizaba la revista Noticias para cubrir la temporada en Pinamar.

El sábado 25 de enero, en la madrugada, fue secuestrado por un grupo mixto de policías y civiles que respondían a las órdenes del jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, quien se molestó porque el reportero había tomado una foto suya cuando aún no se conocían imágenes de él. 

"Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente"

Yabrán había sido denunciado como “mafioso” que poseía protección política y judicial por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, en una sesión del Congreso. El ministro había dicho que el empresario lideraba una mafia que controlaba la entrada y salida de bienes del país a través un entramado de empresas sospechosamente autofinanciadas, con posiciones dominantes en logística, seguridad, transporte y servicios aeroportuarios, más la impresión de dinero y documentos oficiales y el manejo informático de Lotería Nacional por vía de una empresa cautiva.

Rara vez daba entrevistas, y cuando lo hacía exigía que no salga su cara. Alfredo Yabrán se jactaba de que su cara nunca había sido publicada, solo se conocía una foto antigua de él: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente", dijo en alguna entrevista. Esta frase tomaría más relevancia luego del brutal crimen contra la prensa que se ejecutaría por orden suya.

Según la investigación, Cabezas fue secuestrado a la salida de la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, en Pinamar, por una banda encabezada por el policía de Mar de Ajó, Gustavo Prellezo, quien contrató a José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana. Estos eran conocidos como “Los Horneros”, ya que conformaban una banda delictiva de la zona de Los Hornos.

Prellezo recibió la orden de Gregorio Ríos, ex miembro del Ejército, que se desempeñaba como jefe de seguridad de Yabrán. Junto al por entonces oficial Gustavo Prellezo, actuaron otros policías de la costa; Sergio Cammaratta, de Valeria del Mar; y Aníbal Luna, de Pinamar; mientras que Alberto "La Liebre" Gómez, comisario de esa última localidad, se encargó de liberar la zona para el crimen.

El macabro hallazgo que supuso el cadáver calcinado, con las manos esposadas a la espalda, y dos tiros dentro de un Ford Fiesta incendiado en el paraje Los Manantiales, cerca de General Juan Madariaga, supuso un quiebre político. El por entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde comentó que le habían “tirado un muerto” en el marco de una interna con Menem por su posible candidatura presidencial en 1999.

Mientras Duhalde consideraba que Yabrán era "sospechoso" del crimen de Cabezas, Menem sostenía que el hombre que visitaba con frecuencia la Casa Rosada era "sólo un empresario más". Cincuenta días después del asesinato, el gobernador dijo que la policía daba miedo en lugar de seguridad e hizo la primera de una serie de limpiezas en la fuerza de seguridad, exonerando a 150 efectivos.

Cinco meses después del crimen renunció el ministro de Justicia Elías Jassan, al descubrirse que había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, sospechado de haber actuado como el instigador del homicidio. Es que el ministro de Justicia había sido vicepresidente de una empresa ligada a Yabrán y le otorgó el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo a la compañía de correos OCA, también mencionada como propiedad del empresario.

Para mayo de 1998, las pruebas que incriminaban a Yabrán como autor intelectual eran cada vez más evidentes. Cuando el juzgado ordenó su detención, se escapó. A los pocos días, cercado por las fuerzas de seguridad nacionales e investigado por el FBI, estando en un campo de Entre Ríos decidió quitarse la vida de un disparo en la boca. Aunque parecía imposible, y aún hoy diversos sectores manifiestan que todo fue armado, testigos y estudios forenses lo confirmaron.

Durante la investigación también hubo otros detenidos que quedaron vinculados por pistas falsas y finalmente fueron liberados. De todos modos, la causa llegó a un primer juicio oral llevado a cabo en Dolores en 2000, cuando fueron condenados los policías Prellezo, Cammaratta y Luna; Ríos y los cuatro "Horneros".

Mientras que en 2002 se realizó un segundo debate en el que sentenciaron a "La Libre" Gómez. Prellezo fue condenado a prisión perpetua como "autor material" del crimen, en 2010 le otorgaron arresto domiciliario, en 2017 la libertad condicional y a fines de 2021 cumplió la totalidad de la pena. Ríos recibió una pena de 27 años de cárcel como "autor inmediato" y en el último tramo de su sentencia estuvo con arresto domiciliario.

Los policías Cammaratta y Luna también fueron condenados a prisión perpetua: el primero de ellos murió en 2015 por problemas de salud, cuando cumplía con libertad condicional; y el segundo fue liberado en 2017.

Respecto de "Los Horneros", a los cuatro se los condenó a prisión perpetua, pero luego de ser beneficiados por el 2x1 comenzaron a salir de la cárcel, excepto Retana, quien murió de SIDA durante su encierro. Auge salió en 2004, González en 2006 y Braga en 2007; pero los tres volvieron a la cárcel por no cumplir con alguno de los términos de su libertad condicional. Por su parte, "La Libre" Gómez recibió la misma pena y en 2010 salió de la cárcel con arresto domiciliario.