Avanza el proyecto de ley para el nombramiento de jueces de la Corte

Fue durante la primera sesión del año de la Cámara de Senadores que sus miembros aprobaron un proyecto el cual establece que el procedimiento participativo de la ciudadanía previo al nombramiento de los Jueces de la Corte de Justicia por parte del Poder Ejecutivo, se rija por dicha ley.

Este proyecto es autoría de los senadores Mashur Lapad y Jorge Soto, siendo éste último quien habló con CNN Salta -94.7 MHZ- donde amplió los detalles de qué se trata la iniciativa y cuál es la finalidad a la que apunta con la mencionada participación ciudadana.

Primeramente recomendó que la Constitución salteña establece la facultad al Poder Ejecutivo de remitir los pliegos de los postulantes a integrar la Corte de Justicia, los cuales los recibe la Cámara de Senadores quien otorga o no el acuerdo para su designación. Asimismo contó que antes de la reforma, había un proceso participativo donde la ciudadanía u organizaciones podían hacer observaciones, impugnaciones o adhesiones a los pliegos.

“Tras la reforma, se elevó el rango del proceso participativo, siendo necesaria una ley que lo regule en la designación de los miembros del Tribunal Superior; ayer se dio media sanción al proyecto que regula ese proceso, determinando que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de él se recibirán esas observaciones”, contó el legislador.

Del mismo modo recalcó que dicho proceso inicia con una publicación en el boletín oficial y los diarios, luego hay un plazo de 15 días donde se pueden hacer las observaciones, tiempo tras el cual el Ejecutivo envía o no los pliegos. “Antes era mediante decreto abriendo el proceso, ahora se hace necesaria una ley, que tuvo media sanción en Senadores”, agregó Soto.

Con esto recalcó que el espíritu de la norma es “una mayor participación colectiva, darle transparencia, publicidad, que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de presentarse a favor o en contra del postulante”, aseveró para concluir.

“Luego de la reforma, los convencionales consideramos que esto debía ser por ley”