¿Falta de reciprocidad? Cómo usan cientos de bolivianos el sistema de salud argentino en Salta y Jujuy

Sociedad 17 de julio de 2022
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unque no hay datos estadísticos detallados, las autoridades provinciales estiman que en los hospitales públicos de Salta y Jujuy los pacientes bolivianos que no viven en la Argentina se mueven entre un piso del 8% y llegan hasta el 20%. Los gobernadores de esas provincias, al igual que los intendentes y directores de hospitales de las ciudades de frontera, subrayan que Bolivia “no cumple” con el acuerdo “de cooperación” en materia de salud firmado en 2019 con la Argentina.

La muerte del salteño Alejandro Benítez en Bolivia, cuyos acompañantes aseguran que no recibió atención médica al no tener pesos bolivianos es el caso más extremo de los problemas que hace tiempo hay del otro lado del límite norte cuando un argentino requiere asistencia sanitaria. El gobierno boliviano sostuvo que “categóricamente que se le dio atención médica correspondiente” y que se realizará una auditoría.

El suceso reavivó el enojo que ya se había producido entre algunos grupos de argentinos en casos anteriores y, en esa línea, todas las autoridades consultadas por La Nación enfatizan que “no hay ninguna responsabilidad” de la comunidad boliviana y que la solución debe buscarse a nivel institucional.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que los pacientes que llegan desde Bolivia no solo son casos de emergencia; se registran partos, tratamientos de enfermedades crónicas, seguimiento de patologías graves y cirugías de todo tipo.

Pablo González, actual intendente de Orán (Salta) es médico y fue gerente del hospital San Vicente de Paul, a mediados de la década pasada y recuerda un caso similar al de Benítez (aunque no terminó en un fallecimiento) por el que tuvo que intervenir la Cancillería argentina. “Se accidentó en una localidad pequeña, cerca de Bermejo a donde lo llevaron al hospital -describe-. No le prestaban servicios de salud y quedó en situación de abandono. La situación se destrabó porque intervino la provincia y la Cancillería. Fue muy problemático”. Muchos bolivianos, aunque no residan en territorio argentino, tienen la doble nacionalidad.


 


La directora del hospital Jorge Uro de La Quiaca, Fernanda Elías, ratifica que en los centros de salud argentinos se atienden “a todos los pacientes bolivianos; pero seguimos con el problema del otro lado, que cobran todo y si no pagan, no los atienden. Tampoco les reciben dinero argentino”. A modo de ejemplo, comentó el caso de un hombre que sufrió un ACV en Villazón -la ciudad boliviana ubicada del otro lado del puente internacional- y no quisieron atenderlo. Cruzó por un paso ilegal “traído en un carrito”.

Hace cuatro años, cuando en la primera gestión del gobernador Gerardo Morales (UCR) se sancionó la ley de “recupero” por el que las obras sociales, sindicales y ART deben pagar al hospital público las atenciones de quienes tienen cobertura, Elías describió que en los hospitales de alta complejidad de San Salvador de Jujuy “se recibe turismo de salud” y agregó que quienes viven en Villazón “tienen doble nacionalidad, entonces cruzan el puente para hacerse las prestaciones de salud acá, acceder a la educación y a todos los beneficios que tenemos acá”.


Discusiones permanentes

El accidente, y sus consecuencias, que tuvo el jujeño Manuel Vilca cerca de Totora el 8 de diciembre de 2018 reactualizó las discusiones permanentes entre la Argentina y Bolivia por la cobertura sanitaria. La combi en la que viajaba con sus compañeros músicos se dio vuelta, él salió despedido por la ventanilla y tuvo varias fracturas, entre ellas de columna.

A medida que lo atendían fue generando deuda. En el hospital de Oruro lo operaron de una triple fractura en la pierna y le cobraron US$3500 que pagó el líder del banda musical Grupo Diez Puntos. Pasó por otro hospital y terminó en el Prosalud de Cochabamba, donde advirtieron la fractura de columna y le informaron que la cirugía salía en total US$10.000. La madre de Vilca empezó a pedir ayuda públicamente y el gobierno de Jujuy pagó US$2000 por los últimos días de internación y lo trasladó con el avión sanitario. Terminó de ser atendido y de recuperarse en el hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

Por esa situación, Morales ratificó las críticas al gobierno boliviano por el trato “injusto y deshumanizado” que reciben los argentinos cuando necesitan asistencia médica allí. Vilca, según fuentes allegadas, desistió de hacer una presentación judicial y sigue haciendo música con largas estadas en Bolivia.

A partir de ese caso, se avanzó en la discusión del acuerdo de reciprocidad que firmaron el 19 julio de 2019 con vigencia por cinco años el entonces secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, y la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño; se enunciaba allí que “se profundiza la cooperación entre ambos países en materia de asistencia médica en establecimientos de salud pública, sistemas de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias en las zonas fronterizas”.

El artículo 6 -son 11 en total- es el referido a la “reciprocidad” en casos de “urgencias y emergencias” y señala que las partes “emprenderán negociaciones a nivel nacional y/o subnacional en el ámbito de sus respectivas competencias, con la finalidad de garantizar la gratuidad y oportunidad de los tratamientos de las urgencias y emergencias que afecten a nacionales de una parte que se encuentren en el territorio de la otra parte independientemente de su estatus migratorio”.

Define como “emergencia” a toda condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para una persona de no mediar atención médica inmediata e impostergable y como “urgencia” el cuadro o condición que precisa atención sanitaria inmediata e impostergable para “aliviar el sufrimiento de la persona humana y evitar complicaciones graves posteriores”. Para la aplicación del acuerdo se creó una “comisión mixta”.

Morales dice que, desde la “caída” del presidente Evo Morales, ese acuerdo “no se cumple” y admite que, apenas rubricado, funcionó “muy bien; atendieron a cinco personas con cirugías”. Enfatiza que, durante el período de Jeanine Áñez intentaron contactarla para que “se mantuviera la vigencia; pero nunca hubo respuestas y el gobierno nacional tampoco lo reactivó pese a nuestra insistencia”.

Menciona que, antes del acuerdo nacional, Jujuy estuvo a punto de cerrar uno propio en el que Bolivia compensaba con gas la atención sanitaria en la provincia de sus ciudadanos; sería para escuelas y hospitales.

El ministro de Salud de Salta, Juan José Esteban, coincide en el análisis. Subraya que a los hospitales de frontera concurre “mucha gente” proveniente de Bolivia que es asistida “por médicos clínicos, de familia y, en algunos casos, pediatras”. Dependiendo la ciudad, los establecimientos son de segundo o tercer nivel.

Antes de ser ministro, Esteban fue gerente de un hospital público y repasa que recibían pacientes extranjeros con distintas patologías que venían a la Argentina porque en su país les cobraban “cifras importantes”. En el caso de Salta, en la anterior gestión provincial, hubo un convenio con Tarija precisamente porque desde Bolivia “se busca mucho la asistencia; no hay gratuidad y por eso llegan”.

González, el intendente de Orán, subraya que es “momento” de que el Estado nacional “intervenga para que se respete el convenio” y se “haga valer la solidaridad puesta de manifiesto de nuestra parte. Hay que exigir que se haga lo mismo del otro lado”.

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, cuenta que en el último año y medio se registraron cinco casos de argentinos que requirieron atención médica en Bolivia y todos la recibieron de manera gratuita. Admite que, en cuatro, debió intervenir el consulado para ratificar ante los hospitales la vigencia del acuerdo. Por eso, su recomendación de comunicarse con los consulados en caso de necesidad.


¿Cómo se resuelve?

El sistema sanitario público boliviano cuenta con tres niveles que van desde el centro de salud barrial a los hospitales de tercer grado con especialidades médicas y equipos para tratamientos de más complejidad; hay nacionales y departamentales. En febrero de 2019, Morales lanzó un “plan universal y gratuito” que generó la reacción del Colegio Médico por considerar que no estaban dadas las condiciones.

Con ese seguro, hay atención gratuita en el nivel 2 aunque se cobra, por ejemplo, el material descartable de cirugías y las prótesis. También se paga en el tercer nivel, aunque siempre menos que en un establecimiento privado. Es decir, en general, se paga.

Juan Ino Mamani, cónsul de Bolivia en Jujuy, declinó hablar sobre el debate. Su comentario fue que la “cancillería boliviana ya ha fijado la posición”. Tampoco hace declaraciones su par en Salta, Mónica Álvarez.

Federico Ríos, coordinador de Relaciones Internacionales de Salta -representación que pidió a la Cancillería que hiciera los reclamos formales por el caso Benítez- advierte que tienen varios antecedentes de problemas de argentinos para atenderse ante urgencias sanitarias en Bolivia. “Hay gente que sí resolvió y otra que no. Es un poco una lotería”, grafica.

A su criterio el drama de Benítez debe ser “una bisagra” para discutir “cómo va a trabajar la Argentina en la atención de salud para extranjeros”. Respecto del caso puntual de los bolivianos, enfatiza que la “comunidad, no tiene nada que ver, no se la debe agredir. Es el Estado el que debe dar una respuesta y, en lo que hace a la muerte de Benítez, las personas que intervinieron deberán rendir cuentas”.

Rubinstein recuerda que después del problema con Vilca a fines de 2018 hubo “un ruido enorme y mucho enojo” porque el sistema sanitario argentino se caracteriza por atender, sin problemas, a extranjeros residentes o de paso. Para el exfuncionario los proyectos de ley que impulsan cobrar la atención médica son “fulbito para la tribuna”.

“La solución no pasa por ahí, no podemos terminar en una guerra de pobres contra pobres -dice Rubinstein-. Quienes vienen a atenderse es porque no encuentran una solución en su país y el arreglo debe ser entre Estados, como lo pretendíamos resolver con el acuerdo. Que el pago sea en efectivo o con otras prestaciones, pero de parte del Estado”. El exfuncionario acota que, toda la discusión actual, no debe ocultar que lo que le sucedió a Benítez es “inadmisible y no se puede compensar con nada”. /La Nación

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