En Posadas, la jueza civil y comercial Carmen Helena Carbone estableció como tope de cuota el 25% de los ingresos de hogar para pagar créditos UVA hasta tanto se resuelva la demanda principal de revisión contractual. Además, abrió un período de 90 días para que los deudores y los bancos puedan llegar a un acuerdo.
El año pasado, el Gobierno de la provincia había informado que los bancos públicos subsidiarían las cuotas de los deudores cuyas cuotas superaran el 35 % del ingreso familiar. Es la primera vez que un fallo judicial sostiene un tope porcentual tan bajo como límite de cuota.
El recurso fue presentado por el abogado José Bernardo Díaz, quien representa a unos 70 tomadores de créditos hipotecarios UVA en Posadas. “Son personas que entraron en la operatoria en 2017 y 2018 y cinco años después adeudan más intereses y capital”, expresó el abogado.
Díaz también destacó la rapidez de Carbone ante el aludido juzgado, puesto que en una semana la Jueza lo resolvió de forma muy expeditiva.
La jueza señaló “Es el norte que da sentido a las disposiciones cautelares expuestas, teniendo como relevante que se trata de la vivienda, sede de unión y habitación, de desarrollo y crecimiento del núcleo básico de nuestra sociedad, “la familia”.
“El impacto de las variaciones de los precios, en todos los aspectos, en las economías familiares de los consumidores durante y después de la pandemia estará, sin dudas, atravesado por el sobreendeudamiento y en este sentido las respuestas deberán construirse sobre pautas de equidad”.
En el fallo, la jueza apuntó al resguardo de los derechos y garantías constitucionales a efectos de proteger los derechos de los accionantes y sus familias. Y asimismo estableció políticas para la regulación y la aplicación efectiva de las normas en el ámbito de la protección del consumidor de servicios financieros.
Se tiene en cuenta entonces el desfase entre las previsiones inflacionarias proyectadas por el gobierno al tiempo de lanzarse al mercado los créditos UVA y la evolución real que tuvieron en el país los índices de inflación.
Por último, Carbone remarco “Las deudas deben ser pagadas, más ello no puede implicar que lo sea a cualquier costo, y surge relevante el caso como el que nos ocupa, en que el Estado promocionó la contratación de los créditos UVA, con importante propaganda de beneficios, lo que se traduce ahora en una realidad distinta a la propugnada y a la actualidad económica, que en forma decisiva recae en la actividad de las entidades financieras”.
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