El gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que los denunciantes efectuaron, a favor de la financiera ilegal, un desprendimiento patrimonial que asciende a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36 en beneficio de Saulo.
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio amplió la imputación a 537 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de la empresa contra cuatro personas que ya se encontraban imputadas por estafas vinculadas a la misma financiera trucha.
Durante la audiencia, dos hombres declararon y brindaron su versión de los hechos; mientras que otro hombre y la mujer se abstuvieron de declarar. Todos fueron asistidos por abogados particulares.
De acuerdo a la información que recabó la UDEC, los denunciantes efectuaron desprendimientos patrimoniales que ascienden a $ 189.603.052,70 y U$S 2.624.992,36, llegando la mayoría a celebrar los contratos de inversión durante los meses de marzo de 2021 a marzo de 2022.
Al realizarse los allanamientos en los locales no se encontró tal cantidad de dinero y las cuentas en entidades bancarias no tenían saldo, por lo que la fiscal Odorisio consideró que los imputados afectaron el normal desarrollo de la financiera al ocultar y hacer desaparecer el dinero que ingresaba a la empresa.
Se debe recordar que en mayo del año pasado, luego de que ingresaran a la Fiscalía cientos de denuncias por estafas, la UDEC inició una investigación.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina detectó movimientos irregulares de la firma Saulo Capital e informó que la financiera realizó por su cuenta actividades de intermediación financiera sin contar con la autorización emitida por la Comisión Nacional de Valores.
El gabinete de la unidad fiscal determinó que el dinero de las personas que denunciaron y fue recibido por Saulo era invertido en negocios locales y las ganancias fueron usadas para devolver los intereses hasta el cierre de la sede en Salta. Esto se agrava por el uso de publicidad para captar inversores.