Tras una investigación iniciada en octubre del año pasado por la Sede Descentralizada de Orán, a cargo del fiscal José Luis Bruno, la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, hizo lugar a la imputación requerida contra Gabriel Wayar, Emanuel Torres, Javier Ruiz y Máximo Carballo por el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes".
La acusación fue presentada en el marco de la audiencia de formalización de la investigación penal, que se realizó el domingo pasado y donde la magistrada dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados, en línea con lo pedido por el MPF.
Al presentar el caso, el auxiliar fiscal Luis Francisco Valencia informó que los involucrados fueron detenidos a primera hora del viernes pasado, en el puesto de control de ubicado en la Balanza “Las Tijeras”, sobre la Ruta Nacional Nº34, a la altura del kilómetro 734, en la provincia de Santiago del Estero.
Sostuvo entonces que el procedimiento no se trató de un hecho casual, sino de una larga investigación que se intensificó el martes 22 de agosto, cuando se estableció que dos de los acusados, Wayar y Ruiz, mantuvieron conversaciones encriptadas, en las que se hacía referencia a una operación de tráfico de drogas y donde estarían implicados tres vehículos.
El auxiliar fiscal explicó que los dos imputados eran investigados desde octubre del año pasado ya que sus nombres surgieron de las pesquisas residuales de otro caso de relevancia donde, en abril de 2022, se imputó a Miguel Ángel Acuña el transporte de 478 kilos de cocaína. En esa causa, la droga iba oculta en el piso de un camión plancha conducido por Acuña, que fue condenado a ocho años de prisión en el marco de un juicio abreviado, en agosto del 2022.
Al profundizar las tareas investigativas de este hecho es que surgieron los nombres de Wayar y Ruiz como sospechosos de otra rama dedicada al transporte de drogas, siendo monitoreados sus movimientos a través de tareas de campo e inteligencia.
La investigación
En la audiencia, se señaló que el 22 de agosto pasado surgieron chats y conversaciones entre los dos implicados donde se aludía a la obtención de un vehículo con la reglamentación vehicular técnica correspondiente para ser utilizado para una operación de tráfico. Por este motivo, el MPF solicitó a la jueza federal Hernández que se autoricen intervenciones telefónicas directas.
De esta manera, y con tareas de campos llevadas adelante por personal de Gendarmería de Aguaray y Santiago del Estero, se pudo establecer que Wayar se movilizaba en un automóvil Volkswagen Gol, mientras que Ruiz lo hacía en un Fiat Mobile, con Torres como chofer.
Como resultado del seguimiento de ambos vehículos, se pudo identificar el tercer rodado, marca Citroën C3, conducido por Carballo, ya que los cuatro acusados se reunieron en una estación de servicio en la localidad de Pozo Hondo, en Santiago del Estero.
De acuerdo a la investigación, Wayar salió primero y a los pocos minutos se comunicó con Ruiz, informándole que en el puesto de control de Las Tijeras solo se veía un solo uniformado. “Que se largue que solo hay uno sentado”, dijo. Tras esto, Ruiz bajó de su auto y se acercó al Citroën C3.
Los tres vehículos llegaron al puesto de control, donde fueron detenidos. En la requisa, con el control judicial correspondiente, se detectó que había 49 paquetes de cocaína ocultos en un doble fondo fabricado en el piso del lado del conductor y acompañante del Citroën C3. En total, eran 50 kilos y 436 gramos.
El auxiliar fiscal mencionó también el resultado de los allanamientos simultáneos realizados en las casas de Wayar y Ruiz. En la casa del primero, se hallaron numerosas cédulas de automotores, un arma de fuego, municiones y tres chalecos antibalas con el nombre de Policía de Salta. En la vivienda de Ruiz, en tanto, también se incautaron distintos elementos de interés para el caso.
Una vez descripto el hecho, el representante del MPF resaltó la tarea de los investigadores Analía Cabral y Álvaro Guzmán, de la Sede Orán y mencionó las pruebas reunidas. En base a todo lo expuesto, formalizó la imputación contra los cuatro acusados y pidió que se les dicte la prisión preventiva. Como fundamento, esgrimió el riesgo de fuga, pues tres de los cuatro acusados residen en Salvador Mazza; una localidad limítrofe con Bolivia. También resaltó el peligro de entorpecimiento procesal, la gravedad y naturaleza del hecho. En coincidencia con la fiscalía, la jueza resolvió dictar la prisión preventiva, como así también autorizó una serie de peritajes requeridas por el MPF para avanzar con el caso.
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