Se trata del nieto de la víctima, Agustín Morales, su amigo Federico Detzel y Tania Aguirre. Están acusados de homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y alevosía.
Todo ocurrió a fines de marzo en B° Virgen de Urkupiña cuando estos violentos fueron a amedrentar a 6 familias que apoyaban a otra de la zona por un intento de robo. Sumado a esto los sujetos, hoy detenidos, amenazaron a los policías durante su detención.
El hombre de 30 años tenía restricción de acercamiento a su pareja. Tras ingresar a la fuerza al domicilio ubicado en Vaqueros fue reducido por personal policial mientra profería amenazas. El fiscal solicitó prisión preventiva por la peligrosidad del sujeto.
Se trata de una solicitud por parte del fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto al Juzgado de Garantías N° 7. Pesan sobre los sujetos pruebas de que se dedicaban a la venta de drogas. Incluso por Facebook donde publicaban ofreciendo "crippy".
El Juzgado de Garantías 5 hizo lugar al pedido de la fiscal María Luján Sodero Calvet y dictó prisión preventiva para el cura de Campo Santo. Se encuentra privado de su libertad desde el jueves 21 de marzo.
La víctima, de 17 años, prestó declaración en circuito cerrado y confirmó toda la información de la denuncia realizada por sus padres, además aportó nuevos detalles.
Agustín Vicente Pérez, César Ismael Palma y Rodrigo Luis Gil continuarán detenidos por lo sucedido en Año Nuevo. La medida también se extiende a Tomasa Antonia Gil quien se encuentra imputada por cómplice primaria en perjuicio de una adolescente de 14 años.
El juez federal, Julio Leonardo Bavio procesó a Rafael Resnick Brenner por los delitos de defraudación a la administración pública, cohecho pasivo y concusión.
El fiscal penal Federico Jovanovics consideró que existe riesgo de fuga debido a que ya no cuenta con inmunidad legislativa como así también de entorpecimiento del proceso. Podría purgar una pena de entre 10 y 45 años de prisión.
Fue la jueza de Garantías María Edith Cruz quien además ordenó una pericia psicológica y un informe socio ambiental para Raúl Antonio Pérez.
El juez de la causa consideró que hay pruebas de que cometieron los delitos de asociación ilícita junto a otros funcionarios y detalló cómo eran sus maniobras para perjudicar a la administración pública.
Víctor Wilfredo Calle debería seguir en prisión por dictamen de la jueza de garantías 7, María Edith Rodríguez. El acusado posee un prontuario con una condena previa, impuesta por el delito de lesiones.
