El Fiscal de Estado no es un órgano de investigación de posibles ilícitos de funcionarios

El dirigente de la UCR y ex concejal Carlos Humberto "Uluncha" Saravia, presentó un escrito a la Fiscal de Estado Mónica Beatriz Lionetto requiriéndole la intervención en la causa penal iniciada por la denuncia que aquel realizó contra el presidente y vicepresidente de ENREJA Sergio Gustavo Mendoza García y Gerardo Nelson Posadas, respectivamente.

El mencionado dirigente radical, quien actualmente se desempeña como jefe de campaña de la alianza UCR-Libres del Sur-PPS, y aspirante a obtener un cargo de diputado provincial en los comicios de noviembre próximo, requiere que la Fiscalía de Estado asuma el carácter de querellante y/o actor civil en dicha causa.

Consultados prestigiosos profesionales del derecho penal de nuestra Provincia, aseguraron a este medio que en el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta no existe la figura del querellante público. En este sentido, recordaron que el nuevo ordenamiento procesal ha seguido el criterio tradicional vigente ya en los códigos procesales anteriores.

Sostuvieron también que solo cabe la posibilidad de que el Estado, a través de la Fiscalía de Estado, se constituya en actor civil con la exclusiva finalidad de reclamar la reparación de los perjuicios económicos derivados de un eventual delito contra la Administración Pública, lo que presupone necesariamente una etapa avanzada de investigación previa por parte de la justicia a fin de contar con los elementos suficientes para deducir la demanda resarcitoria.

Al respecto, señalaron que el art. 118 del Código Procesal Penal establece que el actor civil podrá constituirse como tal hasta el momento que el Ministerio Público solicite la remisión de la causa a juicio, de manera que no existe plazo inminente de vencimiento para que la Fiscalía de Estado se presente en la causa penal.

Cabe destacar que esta ha sido, por otra parte, la conducta observada por la Fiscalía de Estado en casos anteriores, como el relativo a la investigación de la donación del Hangar ubicado en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes a la firma Avión Sur SA, donde se encuentran imputados el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban Romero y al ex Director de Aviación Civil Ricardo Funes por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación contra el Estado.

El ordenamiento jurídico provincial no hace del Fiscal de Estado un órgano de investigación de los posibles ilícitos de los funcionarios públicos, tarea que se encuentra a cargo en forma exclusiva del Ministerio Público.
En el caso que motiva la denuncia formulada por el ex concejal Carlos Humberto Saravia contra el presidente de ENREJA ante la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, es precisamente el fiscal a cargo de esta unidad del Ministerio Público quien se encuentra a cargo de la investigación.

Según fuentes de la Fiscalía de Estado, el organismo a cargo de la Dra. Mónica Beatriz Lionetto sigue con atención el curso de la causa para constituirse, eventualmente, en actor civil si luego de la investigación penal se arribara a una imputación concreta contra el o los funcionarios públicos denunciados y que, además, de eventual delito se derivasen daños económicos contra la Provincia.

Fuente: www.informatesalta.com.ar