A más de un año del hecho, la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito. En el extenso requerimiento se exponen las distintas pruebas encontradas a lo largo de la investigación, entre las que se cuenta análisis de cámaras de seguridad, testimonios de familiares, amigos y vecinos y las distintas pericias realizadas tras el hecho.
Se debe recordar que en febrero del 2023 encontraron el cuerpo de Nahir Nuri Klimasauskas en el patio interno de un edificio de Orán. La joven, que tenía 27 años, había caído desde el cuarto piso y su novio quedó detenido.
Los fiscales sostienen en la acusación que la relación de pareja que mantenía la mujer fallecida con el acusado, se encontraba atravesada por hechos de violencia de género y que éste puede caracterizarse como una persona con evidentes signos de celotipia y posesividad.
Cabe destacar que tras el hecho, la Unidad Fiscal solicitó al juez de Garantías Francisco José Oyarzú la prisión preventiva del acusado y el magistrado resolvió el 28 de marzo de 2023, declarar formalmente inadmisible la petición que se fundamentaba en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Ante esta situación, Carreras y Cabot interpusieron un recurso de apelación ante la inadmisibilidad declarada, considerándola arbitraria en sí misma y contradictoria con lo resuelto por el mismo Juez en las actuaciones, ya que en el decreto de fecha 24 de febrero de 2.023, expresó que el imputado se encontraba “vinculado causal y normativamente con el hecho atribuido”.
Tras el rechazo de esta apelación con fecha 30 de marzo de 2023, la Unidad Fiscal interpuso recurso de queja ante el Tribunal de Impugnación, solicitando que se declare mal denegado y que se le otorgue el trámite respectivo.
El viernes 14 de abril de 2023, desde el Juzgado de Garantías interviniente se notificó a los Fiscales de la resolución del Juez de disponer la prisión preventiva del imputado bajo la modalidad de arresto domiciliario, proveyendo el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía que el propio Juez había declarado inadmisible.
Ante esta situación, se presentó un nuevo recurso de apelación ante el Juzgado de Garantías, solicitando que se revoque el arresto domiciliario concedido al imputado por el riesgo procesal de fuga, de entorpecimiento de la investigación y por la naturaleza del hecho investigado.
Finalmente en mayo de 2023, la vocal 2 de la Sala II del Tribunal de Impugnación, María Edith Rodríguez, resolvió el planteo de la Unidad Fiscal y de la querella de manera favorable y revocó el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, ordenando la inmediata detención del acusado y el cumplimiento de la prisión preventiva en la unidad penitenciaria que corresponda.
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