El escándalo judicial que involucra a Jorge Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio, alcanzó un nuevo nivel de tensión luego de que una jueza ordenara que ningún medio de comunicación pueda informar sobre la vida privada del periodista.
La medida fue tomada a solicitud de Marcovecchio, quien argumentó que la exposición mediática está afectando tanto a ella como a Lanata, quien atraviesa un delicado estado de salud.
La prohibición, impuesta por el juzgado civil N°8 de Buenos Aires, impide que se publiquen detalles sobre la situación familiar y el proceso judicial en curso, derivado de las denuncias que las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, realizaron contra Marcovecchio. Las jóvenes la acusan de apropiarse de bienes valiosos y afectar la salud de su padre. La jueza también extendió la restricción a cualquier tipo de información sobre la abogada.
Este bozal legal fue repudiado por organizaciones como ADEPA y por varios dirigentes políticos, quienes lo consideran un atentado contra la libertad de expresión. La diputada Silvana Giudici (PRO) fue una de las voces más críticas, advirtiendo que la medida judicial representa un caso de censura que limita el acceso a la información.
La decisión judicial abre un debate sobre el equilibrio entre el derecho a la privacidad de las figuras públicas y el rol de la prensa en informar sobre casos de interés público.