El fallo judicial que condenó a Patricia Argañaraz y Marita Cerezo por estafa tuvo un impacto profundo en las más de 100 familias damnificadas por el caso.
Adriana Sosa, una de las afectadas, expresó su frustración al recordar cómo la promesa de un hogar propio se convirtió en una ilusión rota.
Como docente con 31 años de servicio, Adriana fue una de los miles de personas que confiaron en el fideicomiso Virgen de Urkupiña, promovido por el gremio docente ADP. Para poder participar, tuvo que vender su auto cero kilómetros y pedir préstamos.
Sin embargo, años después, se encontró sin la vivienda prometida y sin los recursos invertidos. “Me quedé sin el auto, sin el sueño de tener mi casa y no me parece justo", expresó Sosa en diálogo con El Tribuno.
El resarcimiento ofrecido hasta ahora de un millón de pesos es visto como “insuficiente” por los afectados, quienes señalan que esta suma no refleja ni de cerca lo que han perdido.
La cantidad de dinero invertida por algunos de los damnificados, como Adriana, ascendió a $150.000 en un momento en que este dinero representaba un gran sacrificio económico.
Otros damnificados, como Osvaldo Aparicio, también lamentan que el esfuerzo y el sacrificio por conseguir un hogar propio se hayan visto completamente desvalorizados por la estafa.
A pesar de que la condena penal fue un “avance”, los afectados insisten en que el verdadero remedio solo llegará cuando se haga justicia también en el ámbito civil.
Para Aparicio, la condena penal representó un paso positivo, sin embargo, se sienten insatisfechos porque no todos los responsables fueron procesados ni recibieron penas más severas. Además, opinó que la responsabilidad no solo recae sobre los involucrados directamente en el fideicomiso, sino también sobre la ADP, la entidad gremial que gestionó el programa de viviendas.
“El gremio no se ha hecho cargo de esto. Son los propios docentes los que hemos sido víctimas de esta estafa", expresó. Eduardo Romani, abogado de 73 familias damnificadas, subrayó que la lucha no termina con la condena penal y aseguró que ahora el objetivo es recuperar el dinero invertido en el fideicomiso, y destacó que la responsabilidad debe extenderse a la ADP, que fue la institución responsable de la administración del programa.
En cuanto al resarcimiento, el abogado propuso como mínimo la entrega de un terreno de similares características a los que fueron prometidos inicialmente, aunque reconoció que el monto de dinero que deberían recibir los damnificados es difícil de calcular debido a la devaluación de la moneda y la inflación. Sin embargo, Romani calculó que el valor de los terrenos de similares características rondaría los 20.000 dólares, lo que eleva el monto que los afectados deben recibir a más de un millón de dólares. Según los damnificados, la situación vivida ha dejado una marca emocional y psicológica profunda en muchos de ellos. Adriana señaló que hay muchos docentes del interior que entraron al proyecto con la idea de venir a vivir a la capital.
En su lucha por justicia, las familias afectadas esperan que, más allá de las condenas penales, se logre una solución efectiva que compense tanto el daño económico como el emocional. La confianza que depositaron en el fideicomiso y en el gremio que lo promovió se ha visto gravemente afectada, y ahora buscan una reparación integral que les devuelva no solo lo perdido, sino también la esperanza que les fue arrebatada.
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