El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó mediante decretos publicados en el Boletín Oficial la baja de dos agentes del Servicio Penitenciario Provincial por razones disciplinarias. Las medidas, impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se fundamentan en distintas causales previstas en el régimen normativo vigente.
En primer lugar, se dispuso la baja del agente C.A.E, perteneciente a la Unidad Carcelaria N°1 de Salta Capital, quien acumuló seis inasistencias injustificadas y discontinuas al servicio entre febrero y noviembre de 2024. La conducta del agente fue tipificada como una falta muy grave, según lo establece el artículo 1º, letra I), del Decreto Nº 360/1970 que rige el régimen disciplinario del personal penitenciario.
El procedimiento fue debidamente documentado y el agente tomó conocimiento del inicio del trámite sin presentar descargos, conforme lo establece el Reglamento de Investigaciones Administrativas. De acuerdo a lo informado, la baja tendrá efectos legales y administrativos a partir del 7 de diciembre de 2024, una vez finalizado el período de licencias pendientes del agente.
Por otro lado, también se resolvió la baja por eliminación del Cabo 1º R.G.R, quien se encontraba detenido desde el 9 de agosto de 2022 y fue condenado por la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta. Su situación fue evaluada por la Junta de Eliminación del Servicio Penitenciario, la cual recomendó la expulsión conforme a lo estipulado por el artículo 36 inciso g) del Decreto Nº 1108/1985 y el artículo 1º inciso F) del Decreto Nº 360/1970.
El marco legal establece que un agente condenado penalmente debe ser dado de baja, más allá de las acciones administrativas que puedan corresponder. La medida, según lo expresado en los considerandos, responde a la gravedad de las faltas cometidas y su incompatibilidad con la ética profesional exigida al personal penitenciario.
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