Un funcionario de la Unidad Carcelaria N°1 fue condenado por el delito de severidades agravadas luego de que las cámaras de seguridad lo registraran propinando tres golpes en el rostro a un interno esposado durante un traslado el 12 de marzo de 2023.
El tribunal le impuso dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La Sala VI del Tribunal de Juicio, presidida por el juez Guillermo Pereira, halló probado que el agente, a pesar de la condición de indefensión del recluso, utilizó fuerza innecesaria y violenta.
La fiscal de Derechos Humanos, representando al Ministerio Público Fiscal, presentó informes del personal interviniente y las grabaciones que evidenciaron la agresión.
Durante la audiencia, la fiscal penal destacó que el uso de violencia institucional en contextos de encierro constituye una grave violación de los derechos humanos, protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. “La dignidad y la integridad física de las personas privadas de libertad no pueden ser vulneradas bajo ningún pretexto”, señaló.
Además de la pena privativa condicional, el fallo incluyó cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, una sanción que busca preservar la responsabilidad institucional de los agentes penitenciarios y disuadir conductas similares.
Las cámaras del establecimiento no solo documentaron la agresión, sino también la pasividad de otros efectivos presentes, lo cual se consideró agravante. El condenado quedó registrado con su rostro visible en los videos, lo que facilitó su identificación y la posterior acusación.
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