Un exinterno sostuvo que el tráfico de sustancias y beneficios ocurría a la vista de todos

Un juicio seguido contra veinte personas que fueron imputadas como miembros de una red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria 1 prosiguió hoy con la declaración de los últimos testigos. De esta forma comparecieron ante el tribunal colegiado exinternos del penal que hablaron sobre la mecánica de ingreso y comercialización de sustancias estupefacientes y el tráfico de beneficios.

Uno de los testigos, que actualmente se encuentra alojado en un establecimiento federal, aseguró que la droga era ingresada por los jefes y mencionó a dos imputados. Ellos podían hacerlo porque no eran requisados al entrar al penal, de acuerdo a lo que explicó. En este sentido agregó que esto le consta porque trabajo realizando limpiezas en el sector de requisas y vió como los funcionarios de jerarquía no eran revisados.

Este testigo señaló que estuvo alojado en la Unidad Carcelaria 1 hasta abril de 2022. Quedó detenido por una causa por drogas. Sostuvo que los jefes involucrados en la venta lo obligaron a ponerse en contacto con un antiguo proveedor para conseguir mercancia. Dijo que tuvo que acceder porque si no lo dejaban sin visitas, le bajaban los puntos del concepto o lo “apretaban” de diferentes maneras. 

De acuerdo a su testimonio, las maniobras estaban a la vista. Dijo que los internos hacían filas en los teléfonos públicos del penal para lamar y pasarles a sus familiares los alias y números de CBU para los pagos de sustancias, teléfonos o beneficios.

Los internos consumían la droga en los pabellones, los celadores no ingresaban a celdas o baños y los guardiacárceles observaban pero no hacían nada sólo intervenían en caso de peleas. Consultado acerca de cómo llegaban las sustancias a los detenidos, el testigo relató que después de que los jefes las ingresaban a la unidad mandaban a llamar a un interno en particular, encargado de distribuirla (imputado en la causa).

Todos los familiares que iban de visita conocían las cuentas que se manejaban en la Unidad Carcelaria 1 para el pago de beneficios. A veces transferían para evitar que le hicieran daño al interno que visitaban, que seguramente se había endeudado por drogas y estaba amenazado, aseguró.

El testigo señaló a otro de los funcionarios imputados como responsable del cobro de sobornos a cambio de beneficios en los expedientes. Dijo que lo había visto varias veces “en la reja” reclamándole a algún interno el pago por haberle conseguido puntos favorables en el Consejo Correccional. Dijo que este tipo de maniobra se hacía “con mucho descaro”.

También habló de la venta de celulares dentro del establecimiento. Relató que los teléfonos que se secuestraban en las requisas eran vendidos enseguida por los propios guardiacárceles y, a la tarde, ya estaban circulando de nuevo de mano en mano.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.