Bajar la edad de imputabilidad: Por qué el castigo temprano no resuelve el delito juvenil

En el marco del debate nacional por la posible reforma del régimen penal juvenil, que impulsa la baja de la edad de imputabilidad, InformateSalta accedió a un análisis desde la psicología y la educación, que advierte sobre los riesgos de una respuesta basada exclusivamente en el castigo.

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La reflexión fue compartida en comunicación con este medio por Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Educación y psicopedagoga, quien planteó que la discusión pública suele estar atravesada por el impacto de casos mediáticos y el miedo social, dejando de lado el desarrollo integral de niños y adolescentes y el rol previo del Estado como garante de derechos.

 “Imputar penalmente a edades más tempranas puede fijar identidades ligadas a la exclusión y la violencia”

Según explicó la especialista, la adolescencia es una etapa clave de construcción subjetiva, emocional y cognitiva, donde la evaluación de consecuencias y el control de impulsos aún están en desarrollo. “Imputar penalmente a edades más tempranas desconoce lo que la ciencia demuestra sobre el desarrollo adolescente y puede fijar identidades ligadas a la exclusión y la violencia”, sostuvo.

“Sumar chicos más jóvenes a un sistema que no está preparado no resuelve el problema, lo profundiza”

Dueñas remarcó que el delito juvenil no aparece de manera aislada, sino en contextos atravesados por pobreza, abandono escolar, violencia familiar y ausencia de políticas públicas sostenidas. En ese sentido, advirtió que bajar la edad de imputabilidad implica responsabilizar al adolescente por fallas estructurales previas del Estado.

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Otro de los puntos señalados fue la situación de los institutos de menores, que arrastran denuncias por hacinamiento, violencia institucional y falta de dispositivos socioeducativos reales. “Sumar chicos más jóvenes a un sistema que no está preparado no resuelve el problema, lo profundiza”, advirtió.

Finalmente, la especialista sostuvo que la verdadera política de seguridad debe priorizar la prevención, el fortalecimiento de los sistemas de protección integral y la construcción de respuestas socioeducativas y terapéuticas, incluso en los casos de delitos graves. “El castigo temprano puede generar impacto inmediato, pero no construye futuro ni reduce la violencia”, concluyó.

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