Ser jurado en Salta: ¿Podés perder el presentismo si te convocan?

Salta se prepara para un hecho histórico en su sistema judicial con la realización del primer juicio por jurados en la provincia. En este contexto, crece el interés de la ciudadanía por saber qué implica ser jurado popular, cuáles son sus responsabilidades y qué derechos tienen las personas que son convocadas para cumplir este rol.

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El jurado popular está integrado por ciudadanos y ciudadanas, que deben reunirse para deliberar sobre las pruebas presentadas durante el juicio y decidir si la persona acusada es culpable o no del hecho que se le imputa. Para poder tomar esa decisión, un juez explica previamente todo lo necesario sobre la ley y el procedimiento. No se requieren conocimientos jurídicos: solo sentido común, atención a las pruebas y compromiso con la tarea.

Según la información oficial del sistema de Jurado Popular de Salta, este mecanismo se aplica en causas penales especialmente graves, principalmente en casos de homicidio con determinadas características. Entre ellas se encuentran los asesinatos de familiares cercanos, los cometidos con especial crueldad, los homicidios por encargo, los motivados por odio o discriminación, los realizados con medios que ponen en peligro a la sociedad, los cometidos por varias personas de manera planificada o aquellos que buscan encubrir otro delito. También interviene cuando la víctima pertenece a las fuerzas de seguridad y el crimen está vinculado a su función, cuando hay abuso de poder por parte de un funcionario o miembro de fuerzas de seguridad, y en los casos de violencia de género.

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Uno de los puntos que más dudas genera es si el jurado recibe una retribución económica. La respuesta es sí: el servicio como jurado es remunerado. En el caso de quienes trabajan en relación de dependencia, el empleador debe abonar el salario como si se tratara de días trabajados. Para trabajadores independientes o personas desocupadas, se paga una suma diaria por cada jornada en la que presten funciones como jurado.

Además, la persona convocada puede justificar su ausencia laboral mediante las citaciones emitidas por la Oficina Judicial y los certificados de asistencia a las audiencias. A su vez, tanto empleadores del sector público como del privado están obligados a permitir que el trabajador o trabajadora asista a todas las convocatorias judiciales. Los días de servicio como jurado deben computarse como días trabajados, sin descuentos salariales ni pérdida de beneficios como el presentismo.

En cuanto a los gastos, la Oficina Judicial cubre el transporte en caso de ser necesario y también provee comida y refrigerios durante las jornadas en las que la persona participa del juicio.

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Por último, desde el sistema de Jurado Popular se aclara que quienes ya hayan sido jurados en un juicio no podrán ser convocados nuevamente durante los tres años siguientes a esa participación.