El Presidente debe tomar urgentes medidas a través de decretos. Necesita una Corte integrada

El presidente Mauricio Macri tomó una decisión sustantiva respecto a la Suprema Corte de Justicia: designó en comisión, por decreto de necesidad y urgencia, a los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir las vacantes dejadas por Raúl Zaffaroni hace un año y por Carlos Fayt, hace cinco días.

La decisión fue criticada por dirigentes de la oposición y por diversos medios de comunicación.

Para poner un marco a esa crítica, es necesario asumir que Macri es un presidente que se está haciendo cargo hoy, una semana después, de un país que fue gobernado a través de la agresión permanente y con una política que destruyó nuestro sistema legal y económico; sistema que hay que empezar a reconstruir en forma urgente, para lo que va ser necesario dictar innumerables decretos y normativas que pueden ser cuestionadas judicialmente.

Debemos recordar también el avasallamiento que se hizo a la Justicia, desde el agravio sistemático de voceros del oficialismo de entonces hasta el ataque permanente a los jueces y fiscales independientes. Fue la década donde se intentó imponer el criterio de Justicia Legítima, eufemismo que combina la idea de los "tribunales populares" y la práctica del linchamiento mediático.

La medida consiste en elegir temporariamente, sin acuerdo del Senado, a dos jueces para la Corte Suprema. Remarcamos lo de "temporariamente" aclarando que el Senado tiene todas las atribuciones para confirmarlos o negarles el acuerdo, lo que podrá hacer cuando empiece el período de sesiones ordinarias.

Debemos analizar en primer lugar el contexto en que se toma esta medida y, en ese sentido, se debe tener en cuenta que la Corte está al borde de su paralización porque solo tiene tres miembros y para cualquier decisión se necesita unanimidad.

El Presidente, sin el Congreso en sesiones, debe tomar urgentes medidas, como ya lo mencionamos, a través de decretos de necesidad y urgencia, fundamentalmente en materia económica y de seguridad y que, seguramente, algunas serán impugnadas judicialmente para lo que se necesita una Corte integrada. No puede el Poder Ejecutivo darse el lujo de esperar interminables negociaciones para su integración, mientras la sociedad lo eligió para que empiece a solucionar los enormes problemas que la aquejan.

Se eligió un camino totalmente constitucional y expresamente previsto en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional que determina que el Poder Ejecutivo puede llenar las vacantes "...que requieran acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".

Como antecedente histórico recordemos que Bartolomé Mitre nombra por decreto del Poder Ejecutivo a los jueces Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos y José Benjamín Gorostiaga, que posteriormente tuvieron acuerdo del Senado.

Comparar esta medida con las designaciones que hacía la expresidenta Kirchner es un despropósito ya que la designación de conjueces no sólo no estaba en la Constitución sino que la violaba expresamente.

El perfil de los designados es sumamente importante, demuestra el respeto institucional que marca esta política, ya que Rosatti y Rosenkrantz no son allegados al Poder Ejecutivo ni a la persona del presidente (no son "militantes''). En definitiva, no hay que deslegitimar decisiones claramente legales y necesarias para la marcha de un Gobierno en sus primeros días de gestión.