El proyecto opositor para frenar el tarifazo, rumbo al veto de Macri

La iniciativa que propone el peronismo tiene un camino allanado en el Congreso. El oficialismo intentará negociar con legisladores y gobernadores para frenarlo. En última instancia, se impondrá el veto presidencial.

Legislativa 26/04/2018
a Juventus

Primero intentará evitar la media sanción en la Cámara de Diputados. Luego buscará bloquear el paso del proyecto en el Senado, negociando con los gobernadores. Y en última instancia, aplicará el veto presidencial a una eventual ley. Esas son las tres instancias principales que tiene el gobierno de Mauricio Macri para anular el proyecto de ley del PJ que retrotrae los aumentos en los servicios de gas, luz y agua. 

En la Casa Rosada aseguran que "el tema tarifario es exclusivo resorte del Poder Ejecutivo" y califican al proyecto opositor como "inviable". De todas maneras, para no tensar más las relaciones con el peronismo, fuentes del oficialismo sostienen que aún no está definida la respuesta de Macri ante la posible sanción de la ley que busca bajar el IVA a las tarifas y que significaría una merma de casi 14 mil millones de pesos para las arcas nacionales.

El proyecto que elaboraron Diego Bossio y Marco Lavagna, junto a otros legisladores del PJ federal y del massismo, determina la reducción del IVA a la mitad para hogares y casi un tercio a las empresas (alicuota pareja del 10,5%), además de anclar el aumento de las tarifas al índice salarial. El artículo final sostiene que “el costo total de esta ley será soportado por el Estado nacional”.

El tránsito del proyecto por el Congreso sería veloz. El miércoles 9 de mayo la Cámara de Diputados podría darle media sanción y trasladarlo al Senado, donde no tendrá grandes obstáculos para convertirse en ley. 

Pero Macri cree que si prospera la iniciativa, la situación fiscal se complicará y sería una señal muy negativa para las inversiones en materia de energía que está gestionando el Gobierno. Por eso el presidente se reservaría la facultad de vetar la ley, aunque por ahora la Casa Rosada no se pronunciará públicamente sobre el asunto.

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