En el 48° aniversario del inicio del golpe de Estado de 1976, se congregaron ayer más de 15 mil personas en la ciudad de Salta. Los cantos y los carteles expresaron un contundente rechazo a la gestión negacionista de Javier Milei y Victoria Villarruel y se volvió a reafirmar el compromiso del Nunca Más. 

En un documento único leído en el cierre de la actividad, se reclamó memoria, verdad y justicia en un "contexto adverso donde, a pesar de ser un gobierno elegido democráticamente, las instituciones del Estado y la misma democracia está en peligro".

Los organismos de DDHH destacaron que a pesar de que La Libertad Avanza llegó al poder siendo un grupo minoritario, no deja de ser peligrosa porque ostenta el poder político desde el Ejecutivo nacional. A ello se suma que "niegan el genocidio argentino y a los 30.000 compañeros, compañeras y compañeres detenidos y desaparecidos". Por tal razón consideraron que es necesario reafirmar la importancia de la memoria, ya que con ella se recuerda "a cada uno de los compañeros compañeras y compañeres víctimas del terrorismo de estado". 

"Hoy más que nunca, cuando un gobierno deja de representar a un Estado democrático, se convierte en terrorista", manifestaron. Por eso exigieron que se de a conocer dónde fueron arrojados los cuerpos de las personas que aún siguen desaparecidas. También pidieron que los más de 300 centros clandestinos detectados en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) sigan siendo preservados "para las futuras generaciones como testimonios materiales del horror y el exterminio de una generación de argentinos". Este pedido es en respuesta a la intención de la vicepresidenta Victoria Villaruel de desarmar el Museo de la Memoria de la ex ESMA. 

 Sin ánimos de retroceder en ninguna de las conquistas, los organismos de derechos humanos insistieron en que continúen los juicios de lesa humanidad. Se está observando una lentitud de parte de los juzgados federales, ya que "duermen las causas de lesa humanidad, permitiendo que llegue primero la impunidad biológica que la justicia". 

"¡Hoy más que nunca, queremos que nos digan dónde están los 30 mil! Queremos que la justicia haga bien su tarea y que avancen, de una vez, los juicios pendientes, antes que sea demasiado tarde. Queremos ver en el banquillo de los acusados a los cómplices civiles", manifestaron

Desaparecer un proyecto de igualdad 

Los organismos de derechos humanos dejaron en claro que en la provincia de Salta las víctimas, en su gran mayoría, estuvieron vinculadas al ex gobernador Miguel Ragone, quien fue desaparecido el 11 de marzo de 1976. Ragone había sido destituido de su cargo el 23 de noviembre de 1974, apenas un año, cinco meses y veintidós días después de asumir. "Eso no fue una casualidad, fue necesario desaparecer un proyecto político de igualdad y justicia social", sostuvieron en la lectura del documento único. 

"Todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos lucharon por un mundo mejor, para que no hubiera niños en las calles pidiendo para poder comer. Por la dignidad del pueblo trabajador. Por la educación y la universidad pública, por salarios dignos, por viviendas accesibles. Derechos y garantías que siempre tuvimos que defender en pie de lucha y que nunca -desde que se restituyó la democracia- estuvo en peligro como hoy", expresaron, retomando la consigna "La patria está en peligro", que desde que asumió Javier Milei se enuncia en cada movilización organizada en contra de las políticas de ajuste que incrementaron el índice de pobreza acumulada a un 57,4%, mientras que la indigencia alcanzó el 15% en enero último. 

Los organismos de DDHH de Salta también exigieron que se esclarezcan los atentados a militantes de derechos humanos cometidos en este mes, principalmente las recientes amenazas y ataque sexual a una militante de HIJOS. Asimismo, pidieron que se investigue a los responsables del espionaje del que fue objeto la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Además, solicitaron que se investiguen las amenazas de muerte que sufrió otra militante de DDHH, Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, a quien amedrentaron por teléfono en forma anónima diciendo: “la próxima vez que vayas a una escuela no volvés” en referencia a las charlas que da en establecimientos educativos. 

Además, rechazaron los despidos y el cierre de áreas hístoricas en el Estado argentino, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el INADI; el Instituto de la Agricultura familiar, Campesino e Indígena; la agencia de noticias Telám; el INCAA; y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Salta12 destacó que entre los presentes estuvieron los senadores nacionales de Unión por la Patria Nora Giménez y Sergio Leavy. También a los ex legisladores nacionales Verónica Caliva y Pablo Kosiner; junto a los ex diputados provinciales Manuel Santiago Godoy y Ramón Villa. También estuvo el ex intendente de la ciudad de Salta, Miguel Isa.