De los 20 imputados, 12 se encuentran con prisión preventiva en una causa que tiene como protagonistas a trabajadores del Servicio Penitenciario, presos y familiares que formaban parte de una organización narcocriminal. 

El requerimiento a juicio vino de parte de la Unidad Fiscal a cargo de la investigación encabezada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Están sindicados ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados alojados en la Unidad Carcelaria Nº1 y familiares de estos como miembros de una organización narcocriminal que operaba desde el Penal de Villa Las Rosas. Las investigaciones iniciaron después de las denuncias anónimas.

Trabajadores del Servicio Penitenciario, presos y familiares que formaban parte de una organización narcocriminal

Según la información que maneja se habrían solicitado sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto de detención.

Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de 1000 transferencias realizadas por familiares de presos. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.

La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº 1, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad,  exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados. 

Los integrantes del Servicio Penitenciario solicitaban dinero o elementos de valor a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena como ser la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y/o cambios de pabellón, entre otros. Además, el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, entre otros,  sustancias estupefacientes y/o protección ante posibles abusos.

Las transiciones mencionadas, se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.

En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria;  los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes;  y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos, que por omisión o acción, permeabilizaban el sistema de seguridad e ingresaban la sustancia prohibida al establecimiento, brindando seguridad a la organización delictiva.