Otro fallo avaló a los municipios para que cobren tasas en las facturas de servicios
El juez federal de Campana dictó una medida cautelar por el plazo de seis meses. Señaló que la decisión afecta al Municipio de Pilar -que inició la causa- en el cobro de sus impuestos y que hay normas locales que avalan a las intendencias.
La nueva decisión fue tomada luego de escuchar los argumentos de los abogados del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, de la Nación en el amparo que presentó el municipio de Pilar, a cargo del intendente Federico Achaval. El fallo rige solo para ese municipio y no para todos los afectados por la decisión del gobierno, informaron fuentes judiciales.
El Municipio objetó que con la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio no podía cobrar la tasa de Servicios Generales que está incorporada en la boleta individual del servicio de luz de EDENOR S.A.. Lo mismo con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos que está en la boleta de gas de la empresa Naturgy BAN S.A..
El Ministerio de Economía de la Nación presentó su informe en la causa judicial y explicó que su decisión no le impide a los municipios cobrar sus tasas, sino que lo que hace es prohibir “la facturación conjunta o fusionada en un mismo documento respecto de cargos o tasas que resulten ajenos a la naturaleza y prestación del servicio que podrían derivar en la suspensión o interrupción de la prestación de un servicio esencial frente a la dificultad o la imposibilidad de afrontar el pago de la factura debido a su monto”.
El gobierno agregó que la ley provincial que sí lo permite colisiona contra una decisión nacional. Además, sostuvo que el Municipio de Pilar puede cobrar sus impuestos de manera directa sin que se vea afectada su autonomía.
En su resolución, el juez González Charvay señaló que la ley provincial 10.740 establece que las empresas de electricidad “deberán percibir, a solicitud y en representación de las municipalidades, la Tasa por Alumbrado Público que estas fijen en su jurisdicción” y que la norma 11.769 también fija que en las facturas “podrá ser incluido en las facturas, como concepto de prestación de servicios, el consumo, medido por alumbrado público”. Lo mismo con la tasa de vigilancia mediante una ordenanza fiscal de 2024.
El magistrado señaló que “la Constitución Nacional establece que cada provincia dictará su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, asegurando la autonomía municipal y reglamentando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. En esa línea, la Carta Magna de la provincia “autoriza a los municipios a dictar ordenanzas y reglamentos, dentro de las atribuciones que le confiere, y a votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo, reconociendo la autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.
El gobierno puede apelar el fallo para que sea revisado y eventualmente revocado por la Cámara Federal de San Martín. En tanto, el magistrado ahora debe resolver el reclamo de fondo de la Municipalidad de Pilar que es la inconstitucionalidad de la resolución.