San Carlos: Se investigan 36 operaciones que involucrarían a la intendenta y su antecesor
Ante la falta de presentación de las cuentas por parte del municipio de San Carlos, se procedió a una denuncia penal en contra del Ejecutivo, por lo cual se investigan 36 operaciones que involucrarían a la intendenta María del Carmen Vargas y su antecesor Héctor Vargas.
Del movimiento irregular de dinero de la cuenta del municipio se investigan operaciones desde agosto del 2023 a abril del año siguiente, detectándose que, en algunos casos, los movimientos coincidirían con campañas electorales provinciales.
De las actuaciones remitidas desde la Justicia federal, por el fiscal Ricardo Toranzos, surge un registro de un total de 36 operaciones de cobro de cheques por ventanilla, de las cuales 20 fueron realizadas por la actual intendenta de diciembre del 2023 a abril del 2024 por un monto de $64.300.000.
Las restantes fueron efectuadas por el ex intendente desde agosto a diciembre del 2023 por una suma de $61.258.000. Se resaltó también que, de los resúmenes de cuentas particulares, en el caso de Héctor Vargas, se advirtió transferencias desde la cuenta del municipio a su cuenta personal.
ARCA reportó que el ex intendente registra como actividad económica ventas al por menor en minimercados, sin participaciones societarias ni inmuebles o automotores a su nombre. Mientras que María del Carmen Vargas, no registra actividad comercial ni societarias, tampoco posee viviendas, aunque sí dos vehículos.
El representante del MPF también mencionó que la intendenta, por medio del apoderado legal del municipio, realizó una denuncia contra su antecesor, la cual está radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la justicia provincial, donde se investiga el retiro de dinero sin justificar de la cuenta bancaria del municipio, entre los meses de julio y septiembre del 2023, por un monto de $42.037.000.
Sobre los periodos electorales, las extracciones que, adjudicadas a Héctor Vargas, podrían ser pasibles de un posible desvío de fondos, bajo el “patrón de conducta” señalado por la UIF, aunque en este caso el ex intendente compitió y ganó una banca como diputado provincial, según el Tribunal Electoral.
Al momento de explicar en la audiencia la incompetencia del fuero federal, el fiscal sostuvo: “Surge entonces que, de haber utilizado fondos públicos del municipio para financiar su campaña, se trató de una elección provincial, encontrándose el control del financiamiento de campaña a cargo del Tribunal Electoral de Salta”.
Esta posición, fue remarcada con un informe de la Auditoría General de la Provincia, órgano que aprobó la rendición de cuentas de los aportes de campaña otorgados al partido justicialista, que promovió a Vargas como candidato a diputado provincial. Remarcó, en este contexto, el origen local de los fondos en análisis.
Sobre el posible lavado de activos, recordó que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en su denuncia sostuvo que una de las vías plausibles para lavar activos consiste en aplicar fondos espurios a campañas electorales. Sin embargo, de la evidencia reunida no resulta posible determinar una trazabilidad del dinero que permita establecer que los fondos extraídos fueron puestos en circulación legal o utilizados para el financiamiento electoral.
A su criterio, el hecho se encuadra en el artículo 261, establecido para el delito de peculado, por el cual el Código Penal establece una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público.
La fiscalía formalizó la declinatoria de competencia, postura a la que se adhirieron las defensas y la jueza federal, quien dispuso su incompetencia y ordenó el traslado de las actuaciones a la justicia provincial.