Superpoblación carcelaria: “Se dificulta la resocialización, el control y el acceso a los derechos"
El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, mantuvo una reunión institucional con integrantes del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta, con el objetivo de analizar la situación actual del organismo y los desafíos que enfrenta de cara a los próximos meses.
Durante el encuentro, se abordó especialmente la necesidad de agilizar los procesos concursales para cubrir las vacantes que se producirán con el vencimiento de los mandatos de representantes de organizaciones de derechos humanos, una situación que podría afectar el normal funcionamiento del Comité.
En diálogo con Informate Salta, Andrés Giordamachi, integrante del Comité, explicó que actualmente el organismo funciona con una integración incompleta. “El comité en este momento se encuentra con tres miembros de los cinco. Hay dos representantes cuyos mandatos vencen en febrero y existe un grave riesgo de perder el quórum, lo que implicaría directamente la paralización del funcionamiento”, advirtió.
Ante este escenario, desde el Comité solicitaron medidas urgentes. “Pedimos como primera medida que se convoque a los concursos. Estos procesos tienen plazos legales que pueden demorar entre cuatro y seis meses, por lo que mientras tanto debería dictarse un acto ministerial que prorrogue los mandatos hasta que finalice el concurso”, detalló Giordamachi.
En paralelo, el organismo avanza con la elaboración de su Informe Anual 2025, un documento clave para el seguimiento de las condiciones de detención en la provincia: “Es un trabajo muy arduo".
"Vamos a continuar con los ejes centrales que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la justicia y la protección de las personas privadas de libertad"
Finalmente, remarcó que uno de los principales desafíos sigue siendo la sobrepoblación carcelaria, una problemática estructural que persiste en niveles críticos. “En estos contextos se dificulta la resocialización, el control, el cuidado de las personas detenidas y el acceso pleno a los derechos que establece la ley de ejecución penal”, concluyó.