Prestadores del ex PROFE marchan por falta de pago

Referentes de diversas instituciones, transportistas, y personas con discapacidad marcharon por las calles céntricas hacia la Legislatura Provincial para exigir la regularización de la deuda que mantiene Nación y en defensa de los derechos de acceso a la educación, al trabajo y la salud.

Mauro, integrante de la comisión de inclusión de personas con discapacidad de la Universidad Nacional de Salta, ante las cámaras de InformateSalta, rechazó el recorte de todos los programas de acompañamiento para las personas con discapacidad y las políticas neoliberales que vienen a arrasar con los derechos. “Queremos que se respeten nuestros derechos”, dijo.

En ese marco, señaló que todos los recortes en la educación pública que ya no van  a permitir tener maestros de apoyo. “Sin la educación no podemos construir un proyecto de vida, ni un futuro, y tampoco tener trabajo, la educación es ese puente que nos permite a nosotros poder tener un trabajo y aportar a la sociedad, porque nosotros no somos una carga, si se nos da la oportunidad, la formación, podemos acompañar todo el proceso de desarrollo nacional”, manifestó.

Además remarcó que no se respeta la ley que establece un cupo laboral del 4% para personas con discapacidad. “Solo el 0.91% de las personas con discapacidad de este país tiene trabajo”, se lamentó.

 

 

En el mismo sentido, María Cecilia Gramajo, coordinador de la comisión de Inclusión de Personas con discapacidad de la UNSA, pidió por la defensa los derechos de las personas con discapacidad y que los prestadores de servicios de personas con discapacidad reciban los fondos que le adeuda la obra social Incluir Salud.

También solicitó que se cumpla con el derecho a la educación que está consagrado por ley, el derecho a tener apoyos escolares, a contar con las condiciones de accesibilidad en el espacio físico, accesibilidad comunicacional y académica. "No queremos más letra muerta, sino que se vea y sea visible”, manifestó.

En tanto, Diego Quipildor, de Recrear Salud, expresó que el reclamo por el atraso de fondos incluye a todas las obras sociales. “Son muy poquitas las obras que nos pagan como tiene que ser, mientras que nosotros no pagamos AFIP dos meses y te bloquean”, se quejó.

En la oportunidad, señaló que les adeudan desde 6 meses a un año. “2017 nos pagaron a principios de este año en cheques diferidos que lo estamos terminando de cobrar ahora, no sé cuantas personas, y con la situación económica pueden aguantar ese tipo de pago”, manifestó, aunque aclaró que la atención a las personas con discapacidad no está en riesgo “porque tienen muchísima vocación”.

Además desde el Instituto Granja Taller Inti Punku, que alberga aproximadamente 100 alumnos, aseguraron que el gobierno les debe por la prestación que brindan y a su vez les embarga la cuenta porque hay deuda con AFIP. “No estamos cobrando, la institución tuvo que recurrir a prestamos para poder pagar el sueldo, y es endeudarse más porque con la crisis que estamos pasando”, dijeron.

Finalmente, pidieron por los chicos que necesitan de estas instituciones para salir adelante. “Aquí los chicos tienen merienda, almuerzo, transporte que los lleva y que los trae, contención, talleres específicos huertas, granjas, y aproximadamente desde noviembre que no cobramos. Todo esto está en riesgo, estamos trabajando a pulmón y dependemos de los proveedores”, concluyeron.