¿Por qué se alzan voces en contra de una Corte de Justicia inamovible?

Ya nadie oculta las ambiciones en Salta ante el alejamiento a fin de año de Juan Manuel Urtubey de la Gobernación.

El documento con el que el Colegio de Abogados irrumpió en la causa que lleva adelante la Corte ad Hoc para resolver sobre el planteo de inconstitucionalidad hecho por la Asociación de Jueces en contra del artículo 156 de la Constitución Provincial pone en evidencia esas ambiciones.

El Colegio de Abogados, se sabe, responde al actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, y ex presidente de la institución, Eduardo Romani. Su lista se ha venido imponiendo sucesivamente en las elecciones de renovación de autoridades y en la actualidad Pedro Burgos es el presidente de esa entidad en tándem con Romani.

Pero ¿por qué el Colegio de Abogados dio el paso y salió de su pasividad, pidiendo la nulidad de lo actuado?

Seguramente no hubo una asamblea multitudinaria de afiliados, ni se trató del mandato surgido de la elección del viernes pasado de representantes del Colegio de Abogados ante el Consejo de la Magistratura.

Como buenos políticos, al fin, el dúo Romani-Burgos esperó a consolidarse en los resultados de la lista Unidad donde se quedaron con dos de los tres cargos para plantear el recurso de nulidad.

El planteo en el fondo busca impedir que la Corte de Justicia ejercite el denominado Control de Constitucionalidad por la vía de la acción promovida por la Asociación de Jueces.

La intención es bastante mezquina aunque se presenten como los magnánimos republicanos.

La acción, como la posición que viene sosteniendo la alianza conservadora del FOCIS y la que más recientemente expresara el Ateneo Juan Domingo Perón propiedad del exsenador nacional Julio Argentino San Millán y del exministro de Educación Antonio Lovaglio, tiene como finalidad defender el Status Quo.

La cláusula que sostiene que los jueces de la Corte de Justicia tienen mandatos de seis años no es el producto de un sesudo análisis de expertos en materia constitucional ni de largos debates en las facultades de Derecho.
No es como viene diciendo Sonia Escudero quien pareciera, sobre el fin de su carrera política, haber recuperado la independencia de criterio. Porque la Convención Constituyente de 1998 deliberó cuando ella era funcionaria provincial y allí no se la escuchó decir ni pío.

No es que la Corte de Justicia en ese diseño haya acumulado mucho poder. Porque al fin el artículo 156 es una remake del artículo idéntico de la Constitución de 1986, que curiosamente establecía la posibilidad de un segundo acuerdo que convirtiera en inamovible a los jueces de la Corte de Justicia.

En resumen. A los políticos no les importa una Corte de Justicia independiente. Quieren una justicia que vaya al pie de los políticos. Por eso dirigentes políticos como Martín Grande, Antonio Lovaglio, Armando Caro Figueroa, Sonia Escudero, Santos Jacinto Dávalos, Oscar Rocha Alfaro y ahora la conducción del Colegio de Abogados, entre otros, no quieren que se revise el artículo 156.

El Colegio de Abogados pretende, lo dijo Burgos, retener para sí la facultad de nominación de postulantes a la Corte de Justicia lo que revela que el planteo en definitiva tiene nombre propio: Eduardo Romani.

En definitiva, todos quieren que las cosas queden tal cual está y el Poder Judicial sea sumiso. Quieren mantener el control de la Corte de Justicia y asegurarse, así, el control del manejo de la Justicia.

Ni autonomía financiera quieren darle. Y mantener al fin a Salta convertida en un feudo o mejor dicho, en una Aldea donde el poder sea omnímodo.