Fraude del IPPIS: Se habrían emitido cheques por más de 9 millones de pesos

Justicia 29 de mayo de 2019
El titular de la comisión interventora del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Ramiro Chávez, brindó detalles acerca de la investigación que se lleva adelante por el fraude millonario. Hay tres involucrados imputados. La intervención continuará tres meses más.
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Tras advertir graves irregularidades en la administración del IPPIS, en el mes de marzo la provincia pidió a la Unidad de Delitos Económicos Complejos que inicie una investigación  en el organismo y se determinó la intervención del mismo.

Avanzada la investigación, se descubrió un fraude millonario y la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, tomó la decisión de imputar a tres autoridades de la institución, entre las que se encuentran Alejo Gallardo y Romelia Durán, el actual y la ex presidenta.

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En diálogo con InformateSalta, el titular de la comisión interventora del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, Ramiro Chávez indicó que en el marco de intervención, “lo primero que se hace es rodear de normativa a toda la actividad del organismo. Antes no existían respaldos documentales sobre erogaciones que se hacían o sobre adquisición de dinero que tenía el organismo, es decir, si le transmitían dinero no se hacía un asiento, no se hacía un expediente que refleje cuál es la actividad que genera el gasto del recurso de la institución”.

Ramiro Chávez

Chávez indicó que se firmó un decreto para que se extienda por tres meses más la intervención. Esta normativa tiende a disminuir la posibilidad de desórdenes administrativos y controlar la actividad financiera del instituto. En cheques emitidos sin respaldo, se habrían erogado más de 9 millones de pesos.

“Hoy se han implementado todos los recursos similares a lo que tiene el Estado, pero no olvidemos que este es un organismo autárquico, por eso han tenido cierta libertad para tomar determinaciones que fueron contrarias al orden administrativo normal. Tenemos una restricción en cuanto a lo económico, se está evaluando el circuito administrativo para determinar qué se puede pagar y qué no, determinada actividad, acción o producto”, dijo el interventor.

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