A los pies del General Güemes, juzgan desde hoy al ex juez Lona

A más de 43 años del secuestro y desaparición del ex gobernador, Miguel Ragone, hecho en el que mataron al almacenero, Santiago Arredes, y casi hacen lo propio con Margarita Leal, quien fue víctima de una ráfaga de ametralladora, la justicia federal vuelve a llevar el caso a juicio, aunque esta vez lo hará con un acusado muy especial.

Se trata nada menos que del ex juez federal 1 de Salta, Ricardo Lona, quien con 83 años deberá enfrentar un debate oral y público por los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de promover la persecución y represión de delincuentes, delitos contemplados en los artículos 269, 274 y 277 del Código Penal.

Con un tribunal presidido por el juez, Gabriel Casas, de Tucumán, e integrado por los vocales, Gabriela Catalano y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca, el debate se abrirá a las 8.30 en el edificio ubicado en la avenida Gurruchaga 297, justo frente a las escalinatas del monumento al General Martín Miguel de Güemes.

A cargo de la acusación, en tanto, estará el fiscal de juicio, Carlos Amad, mientras que la defensa del ex juez será representada por los abogados Federico Rodríguez Spuch y Nicolás Ortiz. Tras un breve momento para la toma de imágenes, el juicio se desarrollará hoy en dos turnos, mientras que el miércoles sólo habrá audiencia a la mañana.

En primer lugar, y en caso de que las partes no hagan planteos de último momento, desde la secretaría se leerá el requerimiento de juicio, elevado en octubre de 2016 por los fiscales Amad y su colega, Francisco Snopek, quienes acusaron al ex juez de haber sido funcional a los asesinos del ex gobernador, Arredes y Leal, pues con su accionar desde su posición de juez, garantizó la impunidad de los mismos.

Veredicto

Según lo previsto por el tribunal, el veredicto del juicio se dará a conocer el 25 de septiembre, tiempo en el que se cree poder terminar con la recepción de más de 40 testigos, tarea que se llevará a cabo con un ritmo de dos audiencias semanales.

Para la fiscalía, Lona “omitió investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo el secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de la Provincia de Salta, Miguel Ragone, el homicidio del cual resultara víctima Santiago Catalino Arredes, y las lesiones que sufriera Margarita Martínez de Leal”, hecho ocurrido el 11 de marzo de 1976, en la calle Del Milagro y pasaje San Lorenzo, a metros del hospital San Bernardo.

Según Amad, el ex juez “tampoco dispuso ni ordenó las medidas procesales necesarias que el caso requería”. Entre otros puntos, el fiscal señaló que Lona procuró la “desaparición de rastros y pruebas de los hechos”, como así también “haber ordenado que se practicaran algunas medidas contrarias al esclarecimiento de los hechos, entre las cuales se pueden mencionar: a) el haber dispuesto la entrega del cadáver de Santiago Catalino Arredes sin la realización de la autopsia; b) haber entregado a los familiares del Dr. Ragone un zapato hallado en el lugar de los hechos perteneciente al ex mandatario; c) haber autorizado a la Policía de la Provincia de Salta para incautar de los bancos de sangre los listados de los dadores de sangre sin disponer luego ninguna diligencia posterior a la obtención de las nóminas.”.

Por otra parte, recriminaron que el ex juez haya dispuesto el 31 de mayo de 1976, a partir de supuestos de hecho falsos, el sobreseimiento provisional de la causa “hasta tanto sean habidos él o los autores”, sin ordenar ninguna medida de prueba en el proceso. También se lo acusa de “haber calificado los hechos como actividades subversivas”, cuando de las constancias de la causa no existían antecedentes para considerar lo sucedido en ese contexto.

Declaración

Frente a estas duras acusaciones, ayer se especulaba que el ex magistrado no acepte prestar declaración indagatoria, sin embargo, a última hora surgieron versiones que sugerían lo contrario. Algunas fuentes indicaron que “Lona quiere explicar todo y aclarar lo sucedido”.

De ser así, se espera entonces que la audiencia gane toda la atención cuando los jueces del tribunal interroguen al acusado respecto a si hará uso de su derecho de prestar declaración indagatoria, lo que podrían suceder cerca del mediodía o a la tarde, cuando se reanude el debate.